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Colprensa lunes, 22 de octubre de 2018

El plazo fue establecido en el auto 500, emitido desde el despacho de la Sección de No Reconocimiento.

En el escrito de 35 páginas, la JEP sostiene que “dado que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final, en pro de la garantía de los derechos de las víctimas, atañe a todas las autoridades estatales atender los requerimientos de los Magistrados de la JEP como reflejo de la coordinación y colaboración institucional armónica entre poderes”.

También manifiesta que este listado es fundamental para que las víctimas del conflicto no sientan que es ficticio este patrimonio fruto del conflicto, que servirá para los postulados de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En la página 24 llama la atención un párrafo en el que la JEP le hace una advertencia a la Fiscalía, a la que reconoce como “la titular de la acción de extinción” sobre activos obtenidos de forma directa o indirecta en el marco del conflicto, pero que ello “no es la excusa de su deber de suministrar información que sea pertinente para esta Jurisdicción a efectos de garantizar los derechos de las víctimas”.

Cabe recordar que hace unas semanas la JEP pidió a diferentes entidades su colaboración para saber cuántos y cuáles eran los bienes de las Farc, con el fin de que fueran entregados para la reparación de las víctimas. No obstante, denuncia que no le han hecho llegar respuestas claras frente al tema.

“El documento recibido por la Superintendencia de Notariado y Registro no es una respuesta, constituye una mera formalidad, en tanto se trata de una comunicación evasiva, jurídicamente confusa y abiertamente displicente con esta Jurisdicción”, advierte el Auto 005.

Con respecto de la solicitud elevada al Ministerio del Interior, a la JEP le resultó “particularmente reprochable” que no haya ofrecido contestación alguna frente a la solicitud.

La Fiscalía tampoco la sacó barata en las denuncias de la JEP: “tampoco es de recibo que la Fiscalía General de la Nación pretenda oponer reservas que le son inoponibles a este Tribunal o que haya alegado la supuesta vaguedad o indeterminación de la información”.

Pero en contra del ente acusador los magistrados firmantes rematan calificando de incoherente la contestación que salió desde el búnker, toda vez que son ellos, los de la Fiscalía, los más interesados en que se determine y se describa con detalle los activos de las Farc destinados a la reparación de las víctimas.

Así las cosas, Sandra Faura Vargas, jefa jurídica de Mininterior; Daniela Andrade Valencia, jefa jurídica de Supernotariado, y Myriam Stela Ortiz, directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, tendrán tres días para rendir los respectivos informes ante la JEP.

“La anterior orden deberá prestarse en forma eficaz e inmediata so pena de quedar sometidas a sanciones por desacato”, concluye el documento.

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