• María Carolina Ramírez Bonilla

sábado, 26 de octubre de 2019

La Contraloría desarrolló un programa denominado "Océano para la prevención" para vigilar de qué forma se gastan los recursos

Los casos de corrupción de tipo Odebrecht que traspasaron fronteras pusieron en evidencia la necesidad de que los países tengan un control fiscal preventivo más que reactivo.

Según el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, “es de vital importancia un control fiscal preventivo no previo concomitante y posterior. Sin coadministración como quedó nuestro nuevo modelo de control fiscal en el país”.

Para lograr este objetivo, la Contraloría sacó provecho de un fenómeno actual: las industrias tecnológicas. Así, a través de la plataforma Océano, definida por Córdoba, la primera central de monitoreo tecnológico de la contratación pública, “con cruce sistemático de bases de datos y un equipo de expertos de la propia entidad, lo que ha permitido la revisión de más de 10 millones de registros en todo el país, la identificación de grandes mallas de contratistas y la puesta en evidencia de las regiones con más riesgos de corrupción”.

Esos registros suman $8,9 billones, según las cuentas de la Contraloría. Entre los casos que se han encontrado están empresas de carrocería ejecutando recursos de la salud en 19 departamentos. “Encontramos así mismo, casos como empresas de gallinas ponedoras haciendo vías, empresas de papayeras haciendo vías y haciendo andenes. O temas neurálgicos como farmacias haciendo viviendas”, aseguró el Contralor.

Otro de los avances expuestos por Córdoba en la presentación de esta plataforma es que se han podido verificar alrededor de $600.000 millones en dichos hallazgos, y a partir de ahí la apertura de procesos de responsabilidad fiscal.

Uno de los aspectos que resaltó el funcionario es que la entidad no tiene los recursos suficientes para hacer de este modelo algo más eficiente. Hoy, el ente de control cuenta con solo 25 ingenieros civiles y un solo médico el cuál está en comisión en la Uspec, es decir, ausente, y esta situación se presenta en otros sectores.

“No tenemos científicos de datos, ingenieros ambientales, no tenemos ingenieros electrónicos, eléctricos. Solo dos ingenieros de petróleos para ver todo un sector”, dijo Córdoba.

Ver la tecnología como un aliado en la lucha contra la corrupción es una tendencia no solo en Colombia, también se ha hecho en Perú. Precisamente, el contralor peruano Nelson Eduardo Shack destacó lo que se ha elaborado en su país que, gracias a la sistematización y tecnología los procesos se pueden tardar solo tres semanas y no como antes que podría hablarse de años.

Para Shack, la comunicación entre todas las contralorías de la región sería una estrategia eficiente para la prevención y así evitar más casos de corrupción.

Liliana Jaramillo, coordinadora de Océano, aseguró que “se está iniciando, por primera vez, una estrategia que apunta a identificar, de manera real e integral, lo que está pasando con la contratación, y constituye una herramienta fundamental de trabajo para las Delegadas Sectoriales de la Contraloría, que les permite tomar decisiones sobre el contratista al que están investigando”.

En cuanto a la reglamentación , la directiva aseguró que espera sacarla para el próximo año, en concreto, espera que esté lista el primer trimestre.