miércoles, 10 de noviembre de 2021
La entidad instó a la alcaldía a tomar medidas, pues se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, visitó las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de las localidades de Puente Aranda, Engativá y la Estación de Policía de Kennedy, en Bogotá, e instó a la Alcaldía a tomar medidas urgentes, pues en algunos casos el hacinamiento de los centros supera 1.000%.
“Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía para que se apersone de la situación de los detenidos en estos centros, que deben ser transitorios, y avance en las medidas necesarias para la descongestión de estos lugares”, puntualizó Camargo.
Según informó la Defensoría, se encontró un hacinamiento de 1.016% en la estación de Policía de Kennedy; en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda la cifra llegó a 776% y, en la URI de Engativá, el total fue de 442%. “Es inaudita la situación que se vive en los centros transitorios de detención en Bogotá y que se replica en todo el país”, agregó el defensor del Pueblo.
En esa línea, la entidad señaló que, aunque estos centros transitorios tienen capacidad de 30 personas, albergan hasta 780 detenidos. Además, pese a que en estos lugares los detenidos deben pasar máximo 36 horas, hay casos donde permanecen hasta dos años.
Camargo aseguró también que las estaciones de Policía y las URI están en condiciones de reclusión aún más precarias que las de la población privada de la libertad en los centros de reclusión del orden nacional, a cargo del Inpec. Esta situación también se replica en todo el territorio nacional pues, según la Defensoría, tras un análisis a los 10 centros transitorios con mayor hacinamiento, se evidenciaron índices que llegan hasta 3.220%.
“Es alarmante, por ejemplo, la situación en el centro de reclusión transitorio Fray Damián en Cali, que, aunque tiene capacidad para 15 personas, alberga unos 500”, añadió Camargo.
Finalmente, el funcionario indicó que no se dan las condiciones mínimas en las que pueda habitar una persona y se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación.
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