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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co martes, 12 de febrero de 2013

La Contraloría General de la República determinó 13 hallazgos fiscales por cuantía de $23.000 millones en el manejo de recursos de regalías en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), en la vigencia 2011.

La Gerencia Colegiada del Meta de la Contraloría General de la República, practicó auditoría sobre una muestra selectiva que asciende a $84.000 millones. Según esto, más de una cuarta parte de la inversión constituyó detrimento patrimonial. 
 
La gerente Departamental del Meta de la Contraloría General de la República, Yanet Sanabria Pérez, preciso que los hallazgos fiscales tienen que ver con la inutilidad, abandono, deterioro y falta de funcionamiento de obras prioritarias para la comunidad, que al cabo de su construcción no están cumpliendo la función para la cual fueron previstas.
 
“Ejemplo de ello es la construcción de las unidades sanitarias, sistema de acueducto y sistema de tratamiento de aguas residuales, por valor de $8.730 millones para beneficiar a 250 familias de las comunidades indígenas de los resguardos Awaliba  y Wacoyo, obra que no se encuentra en funcionamiento por presentar fallas constructivas como son el taponamiento del sistema de alcantarillado, unidades sanitarias con alto grado de deterioro, daños en las electrobombas y el sistema eléctrico sin funcionar”, dice un documento de la entidad.
 
Lo propio ocurrió con la inversión por valor de $1.647 millones efectuada para la implementación del sistema de potabilización de aguas para las comunidades de Santa Bárbara y Guasipati, la cual funcionó solo cuatro meses y quedó abandonada.
 
La construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los centros poblados de Planas y Tillavá por valor de $1.099 millones, donde después de su construcción nunca operaron, según manifestación de la propia comunidad,  convirtiéndose en una pérdida de recursos públicos ante la indolencia de los mandatarios locales responsables.
 
Los demás hallazgos fiscales se encontraron en la construcción del internado de San Rafael de Planas y el internado el Tigre, la Escuela de Resguardo Unuma y obras del parque Cimarrón. De igual forma, durante la auditoría se establecieron 35 hallazgos de tipo disciplinario y seis de tipo penal.
 
De otro lado, la Contraloría General de la República explicó su actuación frente al caso Saludcoop, manifestando que “tiene el deber constitucional y legal de examinar y revisar la información de las personas jurídicas y naturales que contratan con recursos públicos, como es el caso de los particulares que han sido contratistas de Saludcoop. Las investigaciones de esta Empresa tuvieron origen en denuncias de la Ministra de Salud sobre el monto de las captaciones y están siendo investigadas todas las EPS por los mismos hechos”. Complementó que ninguna organización privada que maneje recursos públicos está exenta de la vigilancia fiscal, mediante la revisión de sus cuentas.
 
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