martes, 2 de agosto de 2016
En dicha auditoria se determinaron nueve hallazgos con presunto alcance fiscal por $2.590 millones, 36 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y 11 hallazgos con presunta incidencia penal. La Contraloría evidenció la celebración de contratos de consultoría con Consorcios y Uniones Temporales por valor de $1.852 millones. En estos documentos se presentaban, en su propuesta y ejecución, profesionales con calidades especiales que supuestamente les prestaban sus servicios.
Esta situación se dio específicamente en cuatro contratos de consultoría, tres de 2013 y uno de 2014. Dentro de los expedientes se encontraban los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y cajas de compensación, así como la liquidación de prestaciones sociales.
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