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José David Name Lunes, 2 de diciembre de 2013

De allí mi profunda preocupación y empeño por todo lo que se relaciona con nuestro medio ambiente y el desarrollo sostenible. Mi aporte más reciente a la materia es el proyecto de energías limpias, que está a punto de convertirse en Ley de la República en el Senado.

Es esta una iniciativa que apunta a desintoxicar nuestra atmósfera y por consiguiente a atenuar los efectos de fenómenos climatológicos imprevistos que nos golpean muy duro.

Queremos seguir generando un portafolio legal que nos ayude a hacerle frente a una naturaleza salida de control, como complemento a lo que ya hemos hecho en el Congreso de la República para optimizar nuestra logística y capacidad de reacción en términos de gestión y atención de desastres.

Hemos creado el Fondo de Adaptación Nacional para manejar actividades de reconstrucción en tiempos de emergencia y también procedimos a la constitución de la Unidad Nacional de Gestión y Atención de desastres para prevenir eventos y salir en socorro de poblaciones cuando las situaciones lo ameritan.

Hasta aquí todo se refiere a la materia, a la casa destruida, al cultivo anegado, a los animales muertos, a los cambuches dormitorios, al mercado del día, al taponamiento de un dique, a la movilización de volquetas de arena, a las frazadas y otras prendas físicas.

Pero, ¿qué hay del ser humano? ¿Cómo dirigimos hacia hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas afectados, una mirada más profunda? ¿Cómo reparamos el daño que trae como consecuencia muchas veces la indiferencia o la negligencia de los responsables en las oficinas del Estado?

Pienso en esto a propósito del tercer aniversario de la tragedia social que significaron las inundaciones en el Sur del Atlántico, concretamente el 30 de noviembre de 2010. Tres años después abundan los anuncios, los compromisos, las idas y venidas de funcionarios, las promesas y los miles de millones de pesos destinados sin rumbo preciso. Tres años después, el drama sigue, la desgracia continúa y el dolor se mantiene.

Ante esa situación y muchas otras que se dan en el territorio nacional, me he propuesto estudiar, preparar y estructurar un proyecto de ley para la atención y reparación de las víctimas del cambio climático, que requiere un gran esfuerzo de integración institucional para no dispersar recursos ni el empleo de profesionales especializados.

Estoy seguro de que no será difícil trabajar el esquema porque estoy convencido de la enorme sensibilidad social de mis colegas de Senado y Cámara, así como de la receptividad que sé que tendrá en el Presidente Juan Manuel Santos, quien en su gobierno ha tenido que soportar los peores episodios del cambio climático en la última década en nuestro país.

Lo que he visto me ha llevado a proponer este nuevo proyecto de ley, aunque también ha ayudado a la motivación un trabajo realizado por un equipo de investigadores de la Universidad del Norte en el que se concluye, entre otros aspectos, que “la atención a las comunidades afectadas por fenómenos climáticos debe incluir, no sólo ayuda de emergencia y reconstrucción de medios de vida, sino también procesos de restablecimiento emocional y la promoción de la capacidad de adaptarse a los cambios.”

El grupo de investigación en Desarrollo Humano de la Universidad del Norte (Gidhum), con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y la organización internacional Alianza Clima y Desarrollo (Cdkn), desarrolló el proyecto “creciendo en la adversidad”, desde abril de 2012, durante el cual intervinieron a 90 familias de Manatí afectadas por las inundaciones del municipio después de la ruptura del Canal del Dique.

Las conclusiones a las que han llegado me servirán de base para estructurar el proyecto de ley, porque el estudio implica un reto en la construcción de una política climática integral.

Si la investigación “buscaba desarrollar los factores personales y comunitarios de resiliencia, entendida como la capacidad que tienen las personas de superar la adversidad, y crear un modelo para la promoción de dichas actitudes con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación”, el proyecto de ley que propongo quiere integrar ese aspecto con una reparación económica a las víctimas, previo el proceso que será necesario documentar.

Nos acercaremos a la Universidad del Norte para profundizar en las propuestas que, según los investigadores, sería bueno tener en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas nacionales dirigidas a mitigar el impacto sobre los damnificados por el cambio climático. Será este uno de mis grandes desafíos en el cierre del periodo constitucional en el Senado 2010 – 2014 y en el inicio del nuevo ciclo 2014 – 2018.

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