• Daniel Rojas Castañeda

lunes, 4 de mayo de 2020

Se debe seguir con la discusión del fracking bajo la premisa que dicha explotación se lleve a cabo bajo con calidad

Ante la eventual emergencia sanitaria en el país que declaró el Gobierno Nacional, se ha generado una serie de estrategias para diferentes aspectos de ámbito económico, social y de salud, sin embargo, hay un aspecto del cual no se ha hablado mucho y conlleva una serie de desafíos, que es el tema ambiental. En entrevista con AL, José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight, y quien tiene más de 25 años de experiencia en el sector de recursos naturales, habló de los mayores retos en proyectos ambientales.

¿Fueron suspendidos los términos en los trámites ambientales (licencias, permisos, autorizaciones) y otras actuaciones administrativas?
No existe una medida unificada. Cada autoridad ambiental a nivel nacional, regional y/o local, ha asumido posturas distintas.

La Anla, por ejemplo, no ha suspendido términos para trámites permisivos ni para procesos sancionatorios, entre otras actuaciones. Sin embargo, ha aclarado que las distintas etapas de dichos procesos se surtirán siempre y cuando exista un mecanismo virtual para agotarlas. Por el contrario y como ejemplo, a nivel regional, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca suspendió los términos de todos sus trámites permisivos y sancionatorios, mediante Resolución 690 de 2002, mientras que a nivel Distrital, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) suspendió permisivos, sancionatorios y visitas de seguimiento y control, entre otros trámites.

Lo lógico debería ser que existiera uniformidad de medidas administrativas, máxime si en el marco de una emergencia económica declarada a nivel nacional a todas las empresas se les debería bien sea garantizar de manera igualitaria la continuidad de los procesos y trámites administrativos, o en su defecto, suspender sus términos.

¿Qué recomendaciones jurídicas haría a las empresas en estos momentos?
En primer lugar, validar directamente con las autoridades ambientales con las que las empresas interactúan, primero qué tramites están suspendidos, segundo, qué actuaciones pueden seguir surtiéndose y bajó qué condiciones y tercero,cuáles son los canales virtuales oficiales de atención que ha habilitado dicha autoridad. Dado que la permanencia de las medidas adoptadas por las autoridades ambientales están supeditadas a las medidas de aislamiento obligatorio que imponga el Gobierno Nacional, se debe hacer un seguimiento periódico a las decisiones que, de tiempo en tiempo, vaya tomando la autoridad ambiental competente. Esto es esencial a fin de evitar vencimientos o incumplimientos.

En segundo lugar, se debe establecer un canal directo de comunicación con dichas autoridades con el fin de presentar un plan de trabajo que permita que las actuaciones que estén pendientes, lleguen a término. Dicho plan de trabajo, no sólo debe contar con un robusto fundamento técnico y jurídico que permita sustentar la necesidad de buscar soluciones prácticas para el afianzamiento del proyecto, obra o actividad, sin desatender los requerimientos legales mínimos aplicables.

Para el caso que se requiera la celebración de audiencias públicas o procesos de consulta previa, se recomienda hacer una rigurosa evaluación de los posibles riesgos que podrían implicar llevar a cabo este tipo de audiencias y procesos, salvo los casos en que exista certeza que a las comunidades del área de influencia de un proyecto, obra o actividad se les pueda garantizar de manera igualitaria, material y efectiva su derecho a la participación.

¿La suspensión de términos y actuaciones administrativas decretado por la ANM también incluye la suspensión del pago de regalías, canon superficiario y demás contraprestaciones económicas?
La totalidad de obligaciones y contraprestaciones económicas permanecen activas, según la Resolución 133 de 2020. No obstante, el Decreto 574 del 13 de abril de 2020 estableció que el pago del canon superficiario podrá ser cumplido dentro de los 15 días hábiles siguientes al levantamiento de la medida de aislamiento obligatorio ordenada por el Gobierno Nacional. Este aplazamiento en el pago del canon cobija igualmente a quienes se encuentren al día en los pagos.

Sin perjuicio de lo anterior, es de absoluta importancia hacer seguimiento permanente a cualquier modificación que pueda expedir tanto la ANM, como el Ministerio de Minas y Energía a medida que avancen las medidas decretadas por el Gobierno para atender la emergencia.

Un aspecto interesante es el que recoge la Resolución 770 del 27 de abril de 2020 de la Anla que modificó la Resolución 324 del 17 de marzo de 2015, mediante la cual establece, entre otras, el plazo con que cuentan los usuarios para pagar los costos asociados a los servicios de evaluación y seguimiento ambiental que realiza la Anla.

¿Cuáles son los mayores retos en materia ambiental ahora que se presenta la crisis?
En mi opinión hay tres grandes retos: procurar la continuidad y el rigor técnico de los trámites y demás actuaciones administrativas, sin vulnerar el derecho al debido proceso y a la participación ciudadana mientras paralelamente se salvaguarda el derecho a la salud. Lo segundo es fomentar la unidad, congruencia y coordinación entre todas las autoridades que forman parte del Sistema Nacional Ambiental. Esto, con el fin de evitar posturas disímiles y variadas entre autoridades, por ejemplo, respecto de la suspensión de términos.

Por último, honrar el principio de desarrollo sostenible pero haciendo frente a las nuevas necesidades actuales en materia económica y a los nuevos retos que suponen las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno. Dicho ello, las autoridades ambientales deben buscar soluciones prácticas ad-hoc que contribuyan al fomento y afianzamiento de proyectos impliquen una valiosa contribución para la recuperación económica del país. En palabras sencillas, se trata de un tema esencial de seguridad jurídica ambiental sostenible y continuada.

Antes de la pandemia se estaba hablando del desarrolló de pruebas piloto de Fracking en el país ¿Qué opina de esto?
La propagación del covid-19 y el fraccionamiento hidráulico en yacimientos no convencionales son dos temas diferentes. Si bien la situación de salud pública y emergencia económica actual genera un efecto lógico colateral cuya dirección tiende hacia un aumento en la preocupación de otros temas que ya vienen siendo objeto de discusión tales como el cambio climático, la deforestación y el manejo apropiado del recurso hídrico, esto no quiere decir que en “tiempos de pandemia” no exista cabida para agotar las instancias correspondientes que permitan definir si se podrán o no realizar dichas pruebas piloto. Lo mismo aplicaría para el caso del desarrollo de generación de energía de fuentes de no convencionales, toda vez que las mismas también implican impactos asociados con su ejecución, pero en cuyo caso, la pandemia no tendría por qué frenar un desarrollo sostenible de las mismas.

Al contrario, dada la delicada situación actual de producción de gas en el país, no creemos que podamos darnos el lujo de no explotar nuestros propios recursos, máxime cuando estamos en medio de una crisis económica a nivel mundial. Lo anterior, claramente bajo la premisa que dicha explotación se lleve a cabo bajo los más altos y rigurosos estándares de calidad y responsabilidad ambiental aplicables.

Por lo tanto, es importante hacer un llamado a todos los actores involucrados en el debate de las pruebas piloto de fraccionamiento hidráulico en el sentido que, independientemente de si pueden o no se pueden hacer, exista una sana separación entre el análisis técnico de sus posibles impactos ambientales, respecto del discurso del COVID-19 y buscar, por el contrario, propender por un análisis exhaustivo que tenga en consideración la creciente necesidad de fomentar la explotación de recursos propios de cara a la crisis económica actual.

¿Cuáles son las áreas o proyectos que se veían más dinámicos en materia ambiental este año?
Proyectos de generación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable. También, proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera.

También proyectos de infraestructura y autorizaciones para la producción e importación de sustancias y productos sujetos a licencia.