Colprensa
jueves, 7 de diciembre de 2023
Los encargados de resolver el largo preoceso serán tres árbitros de la Cámara de Comercio de Medellín. La audiencia será virtual
Procuraduría pidió información del proyecto Hidroituango a Empresas Públicas de Medellín
Hoy será un día fundamental para el largo pleito entre Hidroituango contra Empresas Públicas de Medellín (EPM). En una audiencia que se desarrollará esta tarde en la Cámara de Comercio de Medellín, tres árbitros de la Cámara de Comercio definirán sobre el futuro de la billonaria demanda contra EPM.
El pleito, por un valor de $1.123.476’754.237, es por la demanda de Hidroituango contra EPM. La razón: los daños generados por la contingencia de abril de 2018, momento en el que se taponó el tercer túnel de desviación, o Galería Auxiliar de Desviación (GAD), del río Cauca, que generó una tremenda crisis, lo que obligó a desviar el agua a través de la casa de máquinas, además de desplazar a los habitantes que vivían cerca de la hidroeléctrica.
Esta situación generó grandes retrasos al megaproyecto hidroeléctrico que debía empezar a generar energía en 2021, aparte de los sobrecostos. Y es que esta largo pleito lleva varios años de conciliaciones, apelaciones y demás.
De hecho, en 2021 hubo una conciliación extrajudicial entre delegados de Empresas Públicas de Medellín (EPM), constructores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango, que acabó sin acuerdo. Agotado ese recurso, empresas como Brasilera Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa y demás interventores y diseñadores del proyecto Hidroituango se enfrentaron a la millonaria demanda pretendida por Hidroituango.
En esa conciliación participaron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado.
“La contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, considerado la infraestructura energética más importante realizada en Colombia durante las últimas tres décadas, genera la obligación en cabeza de los contratistas de responder ante la sociedad y, a su vez, para EPM de poner en conocimiento estos hechos ante las autoridades competentes y cumplir al país con las obligaciones de energía en firme a través de su portafolio de generación de energía eléctrica”, señaló EPM en un comunicado cuando dieron a conocer los recursos judiciales en agosto de 2020.
Y es que tras asumir sobrecostos y fuertes críticas, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Alcaldía de Medellín decidieron demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico, una demanda que se calcula en $9,9 billones, considerando los sobrecostos que ha tenido el proyecto en los últimos años, y los costos de los equipos en la casa de máquinas.
En su momento, la empresa emitió una carta dirigida a la Procuraduría delegada para Asuntos Administrativos para la diligencia planteando la situación. Las partes requeridas son: el Consorcio Generación Ituango (Integral - Solingral), a cargo de los diseños del túnel auxiliar y el constructor del megaproyecto; el Consorcio CCC Ituango (conformado por Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.). Además, el Consorcio Ingetec y Sedic, responsables de la interventora y las empresas aseguradoras: Seguros Generales Suramericana y Chubb Generales Seguros, las cuales tendrían que responder a la empresa.
La compañía estableció que, debido a las divergencias económicas con los mencionados consorcios desde el inicio de la contingencia, y dado que EPM “ha asumido todos los costos causados y estimados”, tuvo la obligación “de poner en conocimiento de las autoridades el detrimento sufrido en la obra estimado en $9,9 billones, correspondientes al daño emergente y el lucro cesante”, referente a la venta de energía, entre otros.
Antes de acudir al juez y elevar la demanda contra los consorcios, EPM agotó el requisito de la conciliación, un proceso que se realizó en 2021.
Esta decisión se presentó luego de que el ahora exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, confirmara que el proyecto no entraría en operación ese año y que las cuatro unidades iniciales estarían en 2022, una situación que además, comentó esa vez, podría elevar las tarifas de energía.
“Luego de una revisión minuciosa de la documentación en materia jurídica, se identificó que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo que había problemas para cumplir el hito de entrada en operación comercial y que las recomendaciones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo que condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación”, dijo Rendón en su momento.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se pronunció en el instante de las decisiones sobre este hecho. “Desde el primer día de nuestro Gobierno nos comprometimos a sacar a Hidroituango adelante, y que quienes habían sido responsables de los sobrecostos los asumieran no los ciudadanos a través de sus servicios públicos”.
En su momento, la junta de EPM que incluía a Claudia Jiménez Jaramillo y Carlos Raúl Yepes Jiménez había confirmado que el proyecto hidroeléctrico tuvo un alza de sus costos de $900.000 millones es decir 5,88% del valor inicial, por lo que el total de la obra subió a $16,2 billones.
Este largo lío jurídico tendría hoy, pues, un veredicto final.
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