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Manuel García - megarcia@larepublica.com.co martes, 19 de marzo de 2013

Durante la audiencia que se le hizo al exsecretario de salud de Bogotá, Hector Zambrano, funcionario del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, aseguró que sí se reunió con concejales, pero no pretendía sacar beneficios de ello.

El exsecretario de Salud de Bogotá había recibido dinero de contratista para la prestación servicios de ambulancias que tuvo un costo de $67 mil millones.

El juez 66 de garantías, le imputó cuatro cargos por los delitos de cohecho propio, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, a lo que el exsecretario Zambrano se declaró inocente y negó estos cuatros delitos que se le imputan.

Así mismo, Zambrano dio a conocer que no descarta emprender acciones penales en contra del polémico contratista del distrito Emilio Tapia, pues manifestó que falta a la verdad dentro de los señalamientos en su contra.

“Este es el contrato más nefasto que se ha celebrado en la historia de la Secretaría de salud de Bogotá y que en conjunto con el entonces concejal Hipólito Moreno le causaron al Distrito un detrimento de $17.500 millones”. dijo el Fiscal encargo del caso.

Dijo también, que el dinero fue entregado por intermedio de Federico Gavíria, hombre cercano a estos contratos, el cual buscó a dos empresas dedicadas 100% a la construcción y una tercera empresa que apenas conocía el negocio de la salud y que después llegaba a manos de Zambrano, del exconcejal Hipólito Moreno, el contratista Emilio Tapia y otros funcionarios.

A Tapia Aldana, lo investigan por varios delitos como cohecho y celebración indebida de contratos, a raíz de su papel como intermediario entre contratistas, particulares y funcionarios.

Para la Fiscalía, Hector Zambrano, hizo parte del conocido y llamado “carrusel de contratos”en la ciudad de Bogotá y explican que su función era adjudicar contratos incumpliendo sin actuar con transparencia.

“Varias declaraciones comprometen a Zambrano, entre ellas las versiones del contratista, Julio Gómez y el exjefe técnico del IDU Inocencio Melendez”, Dijo la Fiscalía.

Al final de la audiencia, el exsecretario de Bogotá, dijo que se encuentra tranquilo y que confiará en la justicia “Es falso todo lo que se ha dicho, no recibí nada tengo la tranquilidad de que fue un proceso de contratación riguroso y transparente”

Y finalizó diciendo que tiene todo para demostrar su inocencia en este caso y que se encuentra desvinculado de toda irregularidad.

El ente acusador pedirá medida de aseguramiento para el exsecretario de salud, que de ser encontrado culpable por todos los delitos podría pagar una pena de entre 8 hasta 33 años de cárcel.

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