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Actualidad

Industria, Puertos y Salud son las superintendencias que más sancionan

25 de abril de 2015

Juliana Ramírez Prado


Canal de noticias de Asuntos Legales

El año pasado se impusieron sanciones por $281.651 millones, y si bien 77,4% fueron aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la entidad aún siente que su capacidad de control no es suficiente, y esta semana tramitará ante el Congreso de la República un proyecto de ley  que busca agrandar los montos, pese a tener las multas máximas más altas, de 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv),

Si se hiciera un ranking por montos de sanciones, en segunda posición, con nueve multas menos  y  una cifra 7,5 veces menor al de la Superindustria, está la Superintendencia de Puertos y Transporte con multas por $28.952 millones.

De tercera, cuarta y quinta posición, se ubicaron la Superintendencia de Salud y Protección Social ($15.542 millones), Superintendencia de Sociedades ($8.284 millones) y la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios ($5.700 millones).

Sorprendentemente y de sexta en el ranking aparece la Superintendencia Financiera ($3.518 millones), seguida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ($2.029 millones), Superintendencia de Economía Solidaria ($1.944 millones), Superintendencia de Notariado ($1.131 millones) y la Superintendencia de Subsidio Familiar $69,8 millones.

Pablo Felipe Robledo,  superintendente de Industria y Comercio, explicó que  la entidad que dirige defiende el derecho colectivo de la libre competencia que es la columna vertebral de la economía de mercados y en un contexto internacional alcanza una capacidad sancionatoria mediana.

Por ejemplo, la autoridad de Competencia francesa impuso el año pasado una multa de  €$605 millones ($1,7 billones ) a varias empresas  del sector de higiene personal y belleza como L’oreal, Unilever, Henkek, P&G, por haberse cartelizado.

Mientras las sanciones más altas que ha impuesto la SIC  ha sido a Claro ($87.000 millones), a las entidades del distrito por la recolección de basuras ($86.000 millones) y a Roa Florhuila ($33.800 millones). “La Ocde recomienda  que adoptemos  sanciones no guiadas por un tope máximo, sino con unos porcentajes sobre el patrimonio, las utilidades e ingresos y precisamente esta semana se presentará ante el Congreso el proyecto de ley que pretende endurecer nuestras capacidades”, aseguró Robledo.

Para el economista Salomón Kalmanovitz “esta es una manera de contrarrestar el exceso de poder del que han disfrutado la mayor parte de las empresas oligopolistas que existen hoy en día en el país”. Teniendo en cuenta que la última reforma, en cuanto a facultades sancionatorias, de la Superintendencia de Sociedades se dio hace 20 años, la entidad liderada por Francisco Reyes,  radicó el 31 de diciembre del año pasado junto con Ministerio de Justicia un proyecto para que en el caso de soborno transfronterizo se puedan imponer multas  hasta de 200.000 Smmlv y actualmente se está en revisión el proyecto de reforma a régimen de sociedades que podría radicarse el próximo mes.

En el caso de la Superintendencia de Servicios Públicos  Domiciliarios se incluyó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo y mientras la  Superintendencia de Puertos y Transporte, así como la de Economía Solidaria trabajan en la formulación de proyectos para lograr rangos mayores.

Dunia Soad de la Vega, superintendente encargada de Economía Solidaria, afirmó que “si bien la mayoría de las 9.000 actividades que vigilamos manejan activos menores a $200 millones, el sector ha cambiado y presenta el aprovechamiento indebido de la figura de cooperativismo, en especial en aporte y crédito, donde muchas empresas están haciendo triangulación con la compra y venta de cartera, manejando así activos muy altos que no reportan”.

¿Y qué pasa con el dinero de los sancionados? El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, explicó que los recursos obtenidos por sanciones van al Tesoro y luego pasan a una cuenta común de recursos de la Nación.

Las Superintendencias tienen hasta tres meses para efectuar el recaudo de sus multas y si después de ese plazo no se ha logrado realizar el cobro por ley deben de venderle esas carteras a Central de Inversiones SA (Cisa).

Desde 2010 hasta hasta diciembre de 2014 Cisa le ha comprado a estas entidades de control un total de 4.063 obligaciones basadas en multas con un saldo a capital de $18.036 millones. De la cartera apta para ser cobrada, se ha recaudado al corte de marzo de 2015 cerca  $1.716 millones.

No solo se trata de más ‘dientes’
Para Angélica Guerra, docente de la Universidad Externado de Colombia, el tema de las sanciones va mucho más allá y no todo es cuestión de más ‘dientes’. “Hay muchos elementos que no solo refieren a la capacidad pecuniaria para sancionar. Como coherencia, buena gestión e implementación rápida”. Para Guerra  es  interesante el poder que ejerce  la SIC  en relación con las otras pues considera que  es eficiente y efectiva.  “Se debe   saber utilizar los recursos que tiene cada entidad para obtener un resultado preventivo orientado a ajustar la conducta de los empresarios que se encargan de vigilar”, agregó.

Las opiniones

Pablo Felipe Robledo
Superintendente de industria y comercio

“Violar la libre competencia no es igual a hacerlo con otras normas y Colombia en el contexto internacional tiene una capacidad sancionatoria mediana. Entre más alta es esta capacidad, más alta es la posibilidad de que empresas involucradas en carteles delaten a otras para obtener incentivos”.

Francisco Reyes
Superintendente de sociedades

“Tenemos una restricción de multas que está definida en la ley 222 de 1995 y en esa medida las sanciones más grandes no son tanto en materia de sociedades, sino en temas de violación al régimen cambiario, el cual establece entre otras, que la inversión extranjera debe ser registrada”.

Norman Julio Muñoz
Superintendente de salud y protección social

“El artículo 131 de la ley 1438 nos señala rangos entre 10 y 200 Smmlv para imponer multas a personas naturales y hasta 2.500 smmlv a jurídicas. Son valores muy irrisorios y por ello se hace necesario
incrementar estos rangos para hacer más disuasivo nuestro accionar”.

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