viernes, 14 de noviembre de 2014
La Fiscalía General de la Nación, a través de Jorge Eduardo Rojas, director Nacional de Protección y Asistencia, aseguró que inicia el proceso de extinción de dominio para los responsables de desviación y apropiación de recursos parafiscales por servicios de Coomeva EPS por un monto de $3.500 millones.
Serán llamados a responder por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales los funcionarios de Medicamentos de Occidente Jairo Alonso Estarita Monroy, Marina Carbonel, Edgar Ricardo García y los funcionarios de Coomeva EPS, Jorge Humberto Céspedes, exgerente; Manuel Humberto León, exdirector médico nacional; Carlos Arturo Parra, exjefe nacional de alto costo; Melba Lucía Flórez, exgerente corporativa; y Laura Novoa, exgerente general corporativa.
La situación se presentó entre 2004 y 2006 cuando la institución contrató a Medicamentos de Occidente para prestar el servicio de suministro de medicamentos para pacientes con VIH y además para quienes necesitaban procedimientos para reemplazo de cadera y rodilla.
De acuerdo con las investigaciones, ellos no eran una IPS reconocida ni confiable para asumir estas responsabilidades, pues llevaban solo 3 meses de creados antes de que se hiciera el contrato. La firma manejaba contratos de más de $40.000 millones, pero la apropiación sería de $3.500 millones. Posiblemente, sostuvo Rojas, la desviación de recursos tendría que ver con que la compañía contratada tendría presencia de familiares de los exdirectivos. “Se manejaron de manera irregular los recursos de la salud y estos provienen de parafiscales, por eso estas personas se vuelven funcionarios transitorios y deben responder por peculado por apropiación y en favor de terceros”.
Coomeva EPS sostuvo que las determinaciones adoptadas por la Fiscalía se refieren a una “investigación penal promovida en 2007 a raíz de las presuntas irregularidades administrativas anteriores a ese año, en un proceso de contratación, detectadas como producto de labores de auditoría tanto interna tanto externa”. Así mismo, sostiene que esta es una situación promovida por Coomeva “que en su momento fueron objeto de medidas administrativas correctivas, financieras y las penales”.
Sobre este caso, Alfredo Gutiérrez, consultor en temas de salud pública, aseguró que el principal problema del sector salud es que ha faltado mayor control por parte de la Superintendencia.
“El mal manejo de los recursos afecta a los beneficiados y por parte de las EPS hay que repensar a ver si se necesitan las ya existentes o unificar el aseguramiento en una entidad pública y en donde los privados solo aporten con la prestación de servicios”. Por su parte, Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, asegura que si bien este es uno de los procesos de la salud, la Fiscalía todavía “está en deuda con el país en términos de la persecución y materialización de sanciones derivadas del saqueo de la salud”.
Específicamente por el caso Saludcoop “que desangró a la Nación en más de $1,4 billones y todavía no se han adoptado las medidas para proteger el patrimonio público ni las afectaciones en los usuarios”.
La opinión
Pablo Bustos
Director de la red de Veedurías
“De los procesos de salud, esta medida contra exfuncionarios de Coomeva son pañitos de agua tibia. La Fiscalía está en deuda por la persecución de los más de $1,4 billones que se perdieron por el cartel que se dio en Saludcoop”.
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