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Valentina Acosta Fonseca lunes, 25 de enero de 2021

Los recursos a evaluar por la entidad son por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, de los años 2016 a 2019.

Atendiendo una solicitud de la Federación Nacional de Municipios, la Contraloría General de la República aplicó la figura de la intervención funcional para realizar una Actuación Fiscal sobre los recursos públicos recaudados por el Distrito Capital, por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.

Con esta actuación, la CGR asume directamente la vigilancia y control fiscal con los siguientes objetivos:

-Emitir concepto sobre la gestión fiscal adelantada por la Alcaldía de Bogotá,
la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital o cualquier entidad distrital, relacionada con el recaudo y distribución de los recursos públicos por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, previstas en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, en las vigencias
indicadas.

-Verificar que la distribución y ejecución de los recursos públicos producto de
multas y sanciones por infracciones de tránsito, realizada por las entidades
distritales de la ciudad de Bogotá D.C., cumpla con la Ley y los reglamentos.

- Evaluar los riesgos, y los controles implementados, por las entidades
distritales vinculadas, respecto al objeto evaluado.

- Atender las solicitudes ciudadanas recibidas, incluso hasta el cierre de la etapa de ejecución de la Actuación. Esta Actuación se realizará con corte a 31 de diciembre de 2019 y los resultados de se darán a conocer a mediados del próximo mes de junio.

La intervención funcional de la CGR fue decretada por el contralor general de
la República, Felipe Córdoba, mediante la Resolución Ordinaria 1036 del 17 de
noviembre de 2020, teniendo en cuenta el origen de los recursos, el impacto
social y económico en el ámbito local, así como la relevancia que tiene en la
sociedad el correcto uso de los recursos públicos de que trata el artículo 10 de
la Ley 769 de 2002.

El Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras instaló la Intervención Funcional de Oficio el viernes pasado, ante la alcaldesa , Claudia López, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Movilidad y sus inmediatos colaboradores.

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