Inició proceso contra director de la Occre por exoneración de cobros en la XVII Vuelta Atlética
La denuncia penal señala que la medida contraviene la Ordenanza 001 de 2026, generando una pérdida estimada de $800 millones
20 de abril de 2026
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Se radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia penal por presunto prevaricato por acción contra Delroy Austin Gordon Fox, quien se desempeña como director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, Occre, de San Andrés. La acción legal se fundamenta en la expedición de un documento que exonera del pago de la tarjeta de turismo a los participantes del evento deportivo masivo, la XVII Vuelta Atlética a la Isla de San Andrés.
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La medida administrativa beneficia a más de 5.400 atletas inscritos en la XVII Vuelta Atlética a la Isla de San Andrés. Esta decisión fue comunicada mediante el radicado No. 20261050001639-R, emitido el 20 de enero de 2026, permitiendo el ingreso de los deportistas sin el cumplimiento de la obligación financiera habitual.
La controversia jurídica surge por la entrada en vigor de la Ordenanza 001 de 2026, la cual rige desde el 7 de enero de este año. Dicha normativa establece con carácter obligatorio el cobro de la tarjeta de turismo para toda persona que ingrese al archipiélago, señalando excepciones puntuales en las que no se encuentran contemplados los eventos deportivos.
Desde la dirección de la Occre se ha justificado la decisión bajo el argumento de que la solicitud de exoneración fue presentada en octubre de 2025. Según esta postura, el trámite se inició con anterioridad a la expedición y vigencia de la nueva ordenanza tributaria que rige actualmente en el departamento.
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No obstante, los denunciantes sostienen que la Ordenanza 001 de 2026 no incluye disposiciones transitorias que validen solicitudes previas. El texto normativo no contempla criterios de excepción basados en la fecha de radicación, por lo que su aplicación debería ser inmediata y general para todos los visitantes tras su promulgación.
El impacto económico de esta exoneración se estima en un valor superior a los $800 millones que dejarían de ingresar a las arcas de la isla. Esta cifra es significativa considerando que cada deportista genera un gasto promedio de $2 millones durante su permanencia en el archipiélago.
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La denuncia también resalta una presunta vulneración al principio de equidad tributaria consignado en el Artículo 5 de la mencionada ordenanza. Se argumenta que otros eventos deportivos realizados durante el mismo periodo de 2026 han tenido que cumplir con los pagos de ley, lo que genera un tratamiento diferenciado entre usuarios.
El proceso judicial ha sido remitido a las Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito de San Andrés Isla. Las autoridades competentes deberán evaluar si la actuación del funcionario se ajustó al marco legal vigente o si representó una extralimitación en sus funciones administrativas.
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