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Melisa Echeverri - mecheverri@larepublica.com.co martes, 7 de junio de 2016

Si bien la discusión no aportó ninguna conclusión, pues se aplazó el debate y se nombró una subcomisión para estudiar el tema y proponer ajustes con Roosvelt Rodríguez, José Obdulio Gaviria y Eduardo Enríquez Maya, hay ciertas modificaciones al decreto que no son claras o beneficiosas y deben ser analizadas con detenimiento, según expertos.  

Una de ellas se basa en los cambios en la insistencia. Hasta el momento solo el Ministerio Público y los magistrados internos de la Corte podían intervenir en la selección de las tutelas a fallar. Pero en vista de escándalos como el de Fidupetrol, en el que pudo haber un soborno para fallar a favor de la empresa, se está buscando que intervengan más entidades para “democratizar” el proceso.

Con esto, podrían intervenir otras autoridades, siempre y cuando estén relacionadas con el tema que trata la tutela. Aunque parece un punto a favor, para el docente de la Universidad del Rosario, Sebastián Senior, “estas entidades no tienen como parte de sus funciones incidir en la selección de procesos de tutela de la Corte Constitucional”.

Otro punto es el principio de inmediatez, que establece que si los hechos no son cercanos al momento en que se formula la tutela entonces no se procede, lo cual afecta especialmente a quienes interpongan una tutela por sentencias judiciales que pudieron ocurrir desde hace tiempo.

Y otra de las inquietudes se basa en el plazo para decidir sobre la tutela. 

Actualmente, los jueces tienen 10 días para fallarla, pero pueden suspenderla con el fin de practicar pruebas. Sin embargo, con la reforma se busca que no se den más plazos, lo que en apariencia es positivo porque se resolverían más rápido los casos, pero es contraproducente, pues “si el juez no se llena de convencimiento porque no pudo suspender el término y practicar las pruebas necesarias, entonces  va a negar la tutela”, aseguró Senior.

El abogado Juan Manuel Charry aseguró que esta reforma posiblemente no resolverá los problemas de fondo de la acción de tutela, como lo son el ‘choque de trenes’ entre las máximas autoridades de cada jurisdicción que dificultan la toma de decisiones y el hecho de que ahora no solo están previstas para derechos fundamentales, sino económicos y sociales. 

El proyecto de ley estatutario ya tuvo su primer debate en Cámara de Representantes  ocho de septiembre del año pasado.

Las opiniones

Juan Manuel Charry
Abogado constitucionalista
“La acción de tutela que estaba prevista para derechos fundamentales se convirtió en un procedimiento de protección de derechos económicos y sociales que tienen alto impacto fiscal”.

Sebastián Senior
Docente de la Universidad del Rosario
“Si lo que quieren hacer es un mecanismo que sea transparente y democrático deberían dar el recurso de insistencia al ciudadano o a la entidad demandada, y no necesariamente a estos entes gubernamentales”.

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