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  • José David Castilla

martes, 5 de febrero de 2019

En 16 años se han suscrito ocho reformas tributarias que han afectado a los contribuyentes

Martín Acero, socio y Co-Chair de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), es muy crítico con la ausencia de una política tributaria estatal que garantice seguridad jurídica para consolidar la inversión en el país. AL habló con él, quien explicó los puntos más sólidos de la última reforma tributaria y la incertidumbre fiscal que ha afectado el desarrollo nacional.

¿Cuáles son los puntos de esta reforma que más puedan llegar a afectar al mercado?
Hay un sabor agridulce con la reforma. Uno nota que existen disposiciones que sí estaban intencionadas de promover industria, empresa e iniciativa privada. Sin embargo, encuentra uno disposiciones que destruyen el propósito que uno advertiría inicialmente. Esto se debe a varias cosas: primero, hay un nivel gigantesco en la reforma, pero no solamente improvisan en la concepción, sino que improvisan en la ejecución. Esta reforma se estructuró en recaudo, pero realmente no hay una política fiscal detrás. Es agridulce, porque esta reforma está cargada de iniciativas que pueden ser muy beneficiosas para el mercado, pero ¿hasta cuándo las van a dejar?, porque la legislación está llena de promesas incumplidas.

Dice esto por las sucesivas reformas al estatuto tributario…

Exactamente, si usted se devuelve hace dos años, encontrará que nos dijeron que el impuesto bajaría paulatinamente a 30%. Ahora, nos dicen que se va a reducir de 33% a 30%. Pero en un año vamos a tener otra reforma que cambiará este panorama. Por eso, es imposible en Colombia hacer una proyección a largo a plazo. Imagínese, que desde hace un par de años nos dijeron que iban a eliminar el 4x1.000, y que lo iban a modificar y demás, pero tampoco. Eso es lo que pasa en nuestro país, que se ha caracterizado por ser un Estado mentiroso y traidor. Así de simple. Otro ejemplo de esto fue el impuesto al patrimonio, al que le pusieron fecha de caducidad en la última reforma. Afirmaron que se iba a acabar, incluso, le cambiaron el nombre para despistar a los contribuyentes. Pero no, no cambió y volvió con esta reforma, en la cual nos dicen que será solamente por tres años. El problema es que tendremos otra reforma antes de que se cumple este plazo, completando este panorama de promesas incumplidas.

Pero ¿cuál es problema más grande que tiene el estatuto?

Más allá de este estatuto, el problema principal es que aquí no hay políticas fiscales de estado. Yo no digo que los requerimientos sean buenos o malos, solo digo que este tipo de política fiscal debe ser de Estado. La estabilidad jurídica es lo único que garantiza la inversión. Pero como la tributaria se volvió un caballito de batalla de los gobiernos, encontraron la excusa perfecta para traer cada uno su reforma bajo el brazo, cambiando las reglas de juego y desestabilizando la inversión.

El problema aquí es estabilidad, además este criterio de improvisación que existe nos expone a normas indebidamente mal redactadas. El Estado cambió la persuasión por la intimidación.

La reforma acogió tratados de estabilidad jurídica ¿esto sí garantizará la estabilidad?
Lo único que puedo decir con certeza de este aspecto es: ¡Qué susto que sea otra mentira! Aquí ya tuvimos acuerdos de estabilidad jurídica, donde se le exigía al contribuyente aportar 1% de la inversión, pero que se incumplieron con otras reformas.

Me parece fantástico que existan estos acuerdos de estabilidad jurídica, pero yo no les creo, y eso se debe a la misma fama que ha cultivado el Estado con las constantes arbitrariedades en Colombia que han extendido a todos los contribuyentes a lo largo de estos últimos 16 años.

Pero ¿cómo garantizar seguridad jurídica en un sistema político tan inestable como el de los últimos años?
Esto tiene que ser un acuerdo de larga duración que nos permita negociar de frente. Le puedo asegurar que los inversores no quieren promesas de que les van a reducir extremadamente impuestos, lo que ellos realmente busca es estabilidad jurídica. Que un gobierno diga: la tasa será de 33%, pero manténgamela, porque la inversión se atrae con estabilidad jurídica y reglas de juego que sean categóricas en este sistema de política fiscal.

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