• Colprensa

viernes, 14 de marzo de 2014

La Fiscalía General de la Nación analiza las pruebas encontradas en las interceptaciones a los teléfonos del coronel en retiro Róbinson González del Río, para establecer nexos de organizaciones criminales con el escándalo de la venta de armas oficiales, en el que está involucrado el oficial.

Esta investigación corresponde a las graves denuncias que realizó hace un mes la Revista Semana en la que se evidenciaron irregularidades en la contratación al interior de las Fuerzas Militares.

“Se están desarrollando otras operaciones de Policía Judicial en aras de establecer hasta qué punto esas conversaciones llevaban a establecer la presencia de organizaciones criminales como los ‘Urabeños’ en este tráfico de armas”, dijo el jefe de la Unidad contra Bacrim, Álvaro Sarmiento.

Sin embargo, destacó: “se tienen indicios de que efectivamente las armas si irían ese tipo organizaciones. Se tienen planteadas otros clases de investigaciones que llevarían a este tema”.

Según el CTI de la Fiscalía General, el excoronel González del Río tendría el control de 60% del mercado ilegal de armamento de largo y corto alcance. Se pudo comprobar que el exoficial y su principal socio identificado como José Silva Rincón, alias el ‘Gordo’, también militar retirado, contactaron a expertos en armamento para que diseñaran y elaboraran las partes que faltaban en los fusiles extraídos de las guarniciones militares.

“El modus operandi de la estructura consistía en extraer material de guerra y repuestos de los armerillos ubicados en distintas partes del país, a través de suboficiales responsables de los mismos para luego, utilizando la investidura militar, transportarlos y así burlar los retenes policiales”, dice un documento perteneciente al CTI.

Asimismo, el informe de los investigadores afirma que “en la red también coparticipaban particulares expertos en armamento (armeros) que trabajaban clandestinamente y hacían las partes que faltaban para ensamblar las armas extraídas de los armerillos del Ejército Nacional en varios lugares del país”.

Por los hechos fueron capturadas otras 12 personas quienes fueron detenidas en ocho ciudades del país: Barrancabermeja, Pasto, Bogotá, Medellín, La Dorada, Puerto Leguízamo, Cali, Florencia, Montería y Doradal.

Entre los detenidos se encuentran cuatro militares activos, cuatro militares retirados, entre los que se cuenta al general del Río, un exintegrante de la Policía Nacional y cuatro particulares.

Estas personas deberán responder por los delitos de actos de corrupción como peculado, concierto para delinquir y tráfico de armas; y de ser encontrados culpables se enfrentan a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Imagen deteriorada
Los escándalos por supuestos actos de corrupción en contratos y las ‘chuzadas’, que en el último mes sacudieron a las Fuerzas Militares, minaron la imagen y la credibilidad en esa institución.

Esa situación se refleja en la última encuesta bimestral de la firma Gallup, que mide la percepción de los ciudadanos sobre temas de interés y personajes en las seis principales ciudades del país.

Las Fuerzas Militares eran hasta hace dos meses la institución con la imagen más favorable en Colombia (80%) y hoy la misma descendió 16 puntos porcentuales, mientras que la percepción desfavorable también creció.

Desde el gobierno de Andrés Pastrana, en mayo del año 2000, las FF. MM. no tenían una imagen tan baja. En esa época la favorabilidad era de 64%.