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José David Castilla jueves, 1 de noviembre de 2018

Entidades cooperaran para no entorpecer investigaciones clave para el sistema de restauración

La Fiscalía y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) establecieron un acuerdo para compartir información de forma permanente. Esta iniciativa surgió, luego de que las dos entidades establecieran mesas técnicas de trabajo destinado en consolidar el sistema de justicia transicional, pieza clave para el éxito del Acuerdo Final de Paz.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la JEP, Patricia Linares Prieto, se reunieron para discutir los alcances que puede tener este pacto de información permanente. También analizaron diferentes mecanismos de cooperación interadministrativa, que sirva para agilizar las investigaciones de los delitos generados en el marco del conflicto armado.

En total, definieron cuatro puntos dentro de este acuerdo. El primero de ellos se centra en el tema de competencia recurrente, donde se definieron los límites de competencia entre el órgano jurisdiccional y el ente investigador, definido en el Decreto 277 de 2017 y en cumplimiento con el Acto Legislativo 01 de 2017.

LOS CONTRASTES

  • José Gregorio HernándezEx magisrado Corte Constitucional

    “Esto pone de presente que las normas aprobadas en fast track, fueron hechas a la carrera y quedaron mal. Las normas no son claras y por eso surge la necesidad de suscribir este tipo de acuerdos”.

En el tema de información, ambas entidades anunciaron que las mesas de trabajo reunirán a un funcionario de la JEP y a un investigador de la Fiscalía. También determinaron que, en los eventos donde se intenten amedrentar a los partícipes de las audiencias (partes o testigos), será la Fiscalía la entidad encargada de adelantar la investigación.

Por último, la Fiscalía se comprometió con la JEP para compartir 17 informes sobre distintos procesos penales iniciados para investigar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

Para el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, esto es “algo muy positivo para el país y para el desarrollo del proceso”. Sin embargo advirtió que “esto demuestra que las normas aprobadas por fast track no diseñaron un sistema efectivo de justicia transicional”.

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