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Colprensa sábado, 2 de agosto de 2014

El pasado 29 de julio se inició el paro de la Rama Judicial a nivel nacional, al cual se unieron funcionarios de los entes judiciales convocados por el representante de Asonal, Luis Fernando Otálvaro, para exigirle al Gobierno mantener en funcionamiento los Juzgados de Descongestión del país.

Otálvaro, en ese momento, mencionó que cerca de 4.800 funcionarios permanecen inactivos y se busca que se entreguen 8.200 cargos para agilizar la descongestión de los procesos judiciales.

El paro, no obstante, se levantó dos días después tras una reunión entre el Ministerio de Hacienda, los presidentes de las Altas Cortes y Asonal, luego de que el Gobierno se comprometiera a entregar $170.000 millones para mantener las medidas de descongestión en lo que queda del año.

Esto se agravó al conocerse que el Consejo Superior de la Judicatura expidió un acuerdo con fecha 31 de julio que elimina 130 juzgados de descongestión con toda su planta de personal.

Se trata de 21 juzgados civiles del circuito, 33 civiles municipales, 9 de familia, 14 promiscuos municipales, 3 promiscuos de familia, 2 de ejecución civil municipales, 39 penales y 10 laborales, entre otros.

Colprensa habló con Fredy Machado y Diego Mauricio Rayo Avella, presidente y vicepresidente (suplente) de Asonal Judicial -respectivamente-, quienes explicaron las razones por las que decidieron convocar al cierre de los Tribunales Administrativos de Bogotá y Cundinamarca y revelaron la división que existe en el sindicato de la Rama Judicial.

Diego Mauricio Rayo
¿Por qué dice que Luis Fernando Otálvaro se ha aprovechado de Asonal Judicial?

Lo primero que nosotros queremos informar al país es que el señor Luis Fernando Otálvaro no hace parte ni es integrante de Asonal Judicial, él hace parte de una disidencia que se llama Asonal S.I., que son dos organizaciones totalmente distintas. No obstante, ellos han hecho un aprovechamiento abusivo de la razón social nuestra.

¿Qué pasó el pasado miércoles entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Rama Judicial?
Lo que ocurrió fue una reunión entre la Comisión de la Rama Judicial donde se presentó la negociación, en la cual se tenía como objetivo reunir recursos suficientes para la continuidad del programa de descongestión. El problema fue que se necesitaban $232.000 millones para el programa y solamente se logró reunir $170.000 millones, de los cuales salen $46.000 millones de las cesantías de los trabajadores judiciales.

El Consejo Superior de la Judicatura refiere los acuerdos con prórroga de las medidas de descongestión y en lugar de prorrogar las que venían desarrollándose con un coste justificado y ponderativo, decidió acabar de tajo con las medidas y sacrificar y despedir a varios funcionarios judiciales sin ninguna clase de argumento y contradiciendo lo que habían dicho ante la Comisión Interinstitucional, porque el ministro se comprometió a que esa plata nos daba la posibilidad de continuar con las medidas de descongestión y no pasó.

¿Cuál es la situación actual de los Tribunales Superiores de Bogotá, Superior de Cundinamarca y Administrativo de Cundinamarca?
En este momento en el Tribunal se suprimieron 95 cargos en este despacho judicial de manera injustificada.

Las cifras atañen a nivel nacional, no solamente se puede especificar lo de un Tribunal, porque la medida atacó todos los sectores de la Rama, excepto las altas Cortes, y es lo que nos llama la atención. Por ejemplo, en las altas Cortes se crean cargos como un magistrado auxiliar que devenga $20 millones y se crean más cargos de estos y al mismo tiempo se acaban las medidas de descongestión para profesionales que ganan menos y son altamente calificados para desarrollar estás labores.

Fredy Machado
¿Por qué Asonal Judicial convocó a un cierre de actividades en el Tribunal Superior de Bogotá y en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

Esta es la respuesta a la mezquindad del Gobierno en suministrar el presupuesto para la descongestión; el que se haya reducido en 30% ó 40% la planta de personal implica que la justicia no va a responder en los mismos términos. Parece un desprecio del Gobierno por responderles a los usuarios y al público en general.

Mientras haya ‘mermelada’ o dineros para otras entidades o para otros aspectos, nunca va a haber para la justicia. Consideramos que deben explicarnos cuáles son los estudios técnicos que determinan quiénes salen y quiénes no, y por qué lo hicieron de forma tan precipitada y con tanta improvisación; nunca se puede, sin conocer los cargos, dar por finalizada una protesta. En este caso, Luis Fernando Otálvaro, sin conocer cuál era el resultado de la descongestión, dio por finalizado el paro.

Entonces, lo que hemos hecho, al llamado de la base, es responder para entender qué fue lo que hicieron.

El Gobierno prefiere entregar dineros, por ejemplo hemos visto que a la Fiscalía General de la Nación le dieron $2.5 billones de pesos y a la Rama Judicial no le dan una cantidad igual, ni semejante, para responder a las necesidades de los usuarios”.

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