Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Colprensa Martes, 15 de mayo de 2018

Según la Fiscalía, entre 2013 y 2016, junto con el también magistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal”

El Juez 74 con función de Control de Garantías ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario para el exmagistrado Francisco Ricaurte, procesado por actos de corrupción que se suscitaron al interior de la Corte Suprema de Justicia.

El abogado defensor del exmagistrado, Álvaro Luna Cote, había solicitado la libertad de su cliente bajo el argumento que este ya no puede obstruir la justicia, debido a que el ente acusador expuso todo el material probatorio. Sin embargo, el juez considera todo lo contrario, por la condición que sostuvo durante el tiempo que ejerció como magistrado.

Ricaurte fue acusado el 16 de marzo de este año por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada.

Según la Fiscalía, entre 2013 y 2016, junto con el también magistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el magistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero.

De acuerdo con el fiscal, lo primero que quedó claro en la investigación es que Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para “manejar los casos” con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.

Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al senador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.

En el caso de Ashton, la Fiscalía dice que se medió en la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema desde 2012, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas, en el cual tenía de abogado a Luis Ignacio Lyons y que tuvo desde 2013 como ponente a Gustavo Malo. Tal y como se dijo en la imputación de cargos, para evitar una orden de captura y archivar la investigación habrían pedido 1200 millones de pesos.

Pero como esto no se logró, “optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción, manipular evidencia y dilatar la investigación previa con miras a la prescripción y evitar así una eventual apertura formal”, relató el fiscal del caso. También resaltó que Ricaurte le dijo a Moreno cómo acordar el cobro y que el exmagistrado se quedó con 400 millones de pesos.

En el caso de Besaile, la Fiscalía señaló que a finales de 2014 Ricaurte le ordenó a Moreno comunicarse con este y acordar el pago de 2000 millones de pesos, de los cuales habría recibido una parte el magistrado Malo, para evitar la captura de un procesado por parapolítica.

Sobre el exgobernador Juan Carlos Abadía, el fiscal dice que Ricaurte y el fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettin Sierra, “acordaron orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir y, por otro, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”.

En el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la Fiscalía indicó que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”, para lo cual entregó 30 millones de pesos. No obstante, Tarquino le pide 20.000 millones y le informa que hay “un equipo” de magistrados dedicados a este tipo de soluciones.

Por otro lado, el fiscal destacó en el caso de Julio Manzur que en diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado por ‘parapolítica’, Moreno le entregó a través de un familiar información privilegiada, asegurando que era inminente su detención y le ofreció sus servicios de abogado por 2000 millones de pesos, oferta que fue rechazada.

Y en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), la Fiscalía dice que entre 2014 y 2015, el magistrado Malo tenía en su equipo a Carlos Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula fue nombrado en esa entidad en abril de 2015, por supuesta intervención de Ricaurte.

“Hay evidencia que permite inferir razonablemente que en algunos de los casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizada para hacer favores burocráticos y comercializar puestos, en beneficios de algunos de los concertados y con la finalidad del logro de los propósitos criminales”, indicó el fiscal en medio de su intervención.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.