La ANT busca recuperar predio estatal en Islas del Rosario ante el Consejo de Estado

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El litigio jurídico entre la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y el empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde por el predio denominado Isla Fiesta ha llegado a instancias del Consejo de Estado. La disputa se centra en un terreno baldío de 600 metros cuadrados ubicado en el Parque Nacional Natural Islas del Rosario, en Cartagena. El Estado colombiano busca recuperar la administración de este bien, el cual es considerado inalienable según la normativa vigente desde 1984.

El empresario mantuvo la tenencia del predio mediante contratos de arrendamiento con el extinto Incoder desde el año 2002. El último acuerdo contractual, el número 013 de 2015, establecía un canon mensual de $220.439 y venció formalmente el 3 de diciembre de 2023. Tras la expiración del plazo, el ocupante debía restituir la propiedad en un periodo de dos meses, acción que no se realizó según los registros de la autoridad de tierras.

La ANT inició el proceso de recuperación en cumplimiento de una orden de la Contraloría General de la República, que exigió el saneamiento de baldíos con contratos vencidos en el archipiélago. Mientras otros 33 ocupantes en la zona formalizaron su situación o entregaron los predios, el informe de la entidad señala que en este caso específico hubo una negativa para la entrega voluntaria del terreno.

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Como alternativa de regularización, el Estado propuso al empresario integrarse al Banco de Oferentes bajo el Acuerdo 262 de 2023. Esta medida permitiría suscribir un nuevo contrato con un canon de arrendamiento actualizado de $ 11.6 millones mensuales. Sin embargo, ante la falta de acuerdo, la entidad gubernamental calificó la permanencia actual como una ocupación de hecho y procedió a elevar la demanda ante el tribunal administrativo.

Actualmente, el proceso se encuentra en revisión mediante una acción de tutela que busca proteger el patrimonio público y garantizar la soberanía sobre el territorio insular. El Consejo de Estado deberá decidir sobre la legalidad de las actuaciones previas y determinar el futuro de la administración de este bien baldío, en medio de los esfuerzos institucionales por actualizar los costos de explotación comercial en zonas protegidas.