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sábado, 15 de agosto de 2020

Las empresas investigadas repartían las adjudicaciones y ofrecían preparación a los competidores

Los tentáculos del cartel de consultoras que manipulaban y se repartían contratos llegan a la Administración, cuyos encargados de gestionar las licitaciones no solo no establecían las medidas necesarias para asegurar una competencia leal, sino que, en muchos casos, conocían las prácticas de estas compañías.

Así se desprende del informe elaborado por Competencia que advierte de que "no siempre" los responsables de las licitaciones, "ya sea intencional o negligentemente", adoptan las medidas necesarias para "extremar el celo de la competencia leal". Manifiesta además que "algunas de las evidencias recabadas son especialmente preocupantes en cuanto a la incidencia de la Administración" en estas prácticas.

Según los documentos que maneja la CNMC, a los que ha tenido acceso Expansión, en un correo del 24 de marzo de 2011 entre una de las trabajadoras de la consultora 97S&F y una empleada del Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria esta última explicaba que se iba a reunir con un superior y su intención de comunicarle la decisión adoptada para añadir después: "Voy a hacer todo lo posible por mantener las dos cosas con vosotros". A este correo la trabajadora de 97S&F respondía: "Si necesitáis que os proporcione el nombre de dos empresas más para hacer la cobertura, no dudes en decirme. Lo hacemos habitualmente".

De igual manera en 2009 una empleada de la consultora Regioplus intercambiaba unos correos con una trabajadora de la Junta de Andalucía en el que se señalaba: "Antes de mandarte los datos de las otras dos empresas, les hemos escrito para informarles y que nos confirmen que están de acuerdo en dar cobertura. En cuanto nos respondan, te envió toda la información que pueda necesitar (...)".

De acuerdo con el expediente abierto por la CNMC las empresas investigadas se repartían las adjudicaciones y aquellas que aspiraban a quedarse con el concurso se ofrecían a preparar la oferta de sus competidores, que eran más sencillas y con precios más elevados.

En su informe, la CNMC aclara que de estas evidencias se puede inferir también la intención de las empresas de normalizar esta forma de actuar y extenderlas entre las administraciones públicas "sugiriendo al menos la duda sobre a quién atribuir el origen de la práctica".

Competencia aclara que "no hay amparo legal alguno en la normativa de contratación pública que permite acoger las prácticas objeto de este expediente".

Así, si bien en los contratos por procedimiento negociado la norma prevé que, siempre que sea posible, la Administración disponga de tres ofertas y para ello puede invitar a tres operadores, no es obligatorio. "Una vez fijado el presupuesto para la obra y el precio máximo, e invitado a posibles ofertantes, ninguna interpretación permite ni avala que los invitados se pongan de acuerdo en el precio a ofertar", añade el regulador presidido por Cani Fernández.

Multas
La CNMC abrió un expediente sancionador contra 25 empresas de consultoría en febrero de 2019, que luego amplió a once más en agosto de ese mismo año.

Deloitte, PwC y KPMG, junto con más de una veintena de consultoras, se enfrentan a multas de 47 millones de euros por una posible manipulación y reparto de licitaciones en caso de que se aprueben las sanciones que propone la dirección de Competencia.