Los márgenes, salarios, bonificaciones, pagos, infraestructura y todo lo concerniente a sostener un negocio cada vez más rentable son gracias a sus clientes.

 

Al ver rápidamente la evolución que las Sociedades Comisionistas de Bolsa han tenido hasta el día de hoy, podemos apreciar que cuentan cada vez con mejores herramientas tecnológicas y un recurso humano más capacitado para facilitar la ejecución de las operaciones, para mejorar la capacidad de control del riesgo, con departamentos de auditoria que son más eficientes, pero todo este despliegue de inversiones, tecnología y gastos van principalmente para la protección de la misma institución, no para proteger al inversionista. Lo cual es evidente con todos los casos que se han hecho públicos en los últimos años.

 

Donde está la protección al inversionista?, Que mecanismo tenemos hoy? Existe la Defensoría del cliente o del consumidor Financiero, quienes en general se han convertido en receptores y tramitadores de peticiones, quejas y reclamos, sin que verdaderamente haya una capacidad de resolver y menos de proteger. A donde acudir? A la Superintendencia Finasnciera, la cual a través de un “memorando de entendimiento” remite al Autoregulador del Mercado de Valores (AMV). Nótese bien, es un autoregulador. Es claro que las Asociaciones gremiales están constituidas para proteger los intereses de las instituciones, no de los clientes. 

 

Podríamos pensar en mil nombres para cualquier Asociación que estuviera protegiendo los intereses de estas personas, que finalmente son el motor y la base para que las instituciones se fortalezcan cada vez más, es el momento de pensar en cómo las instituciones deben proteger al cliente, con auditorias adecuadas, con revisorías, con  tecnología de punta, con todos los mecanismos que se consideren viables, pero en donde el protagonista sea el inversionista. Es claro que existe un problema de educación entre los inversionistas, quienes en gran parte no comprenden el mercado financiero, por lo que una posibilidad que se plantea sería la de constituir un fondo de protección al inversionista, tal y como ocurre en Estados Unidos con el Investor Protection Trust, para educar y asesorar a a los inversionistas y darles un soporte jurídico-económico ante cualquier conducta no clara realizada por su asesor.

 

La Superintendencia Financiera ha dejado de lado esa función. Es claro que si ella no está o sus medios no lo permiten, debe haber una entidad que vigile, audite y proteja el patromonio del cliente inversionista. El cliente no siempre tiene la capacidad para entender todas y cada una de las movidas que no siempre están construidas a su favor…. pero con su dinero.