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jueves, 3 de diciembre de 2020

Tras más de un año de investigaciones, práctica de pruebas y entrevistas, la entidad dará a conocer quiénes serán imputados por las fallas en el proyecto

Si bien el caso de Hidroituango sigue teniendo todavía muchos cuestionamientos por resolver, y todavía no es del todo claro cuál fue el detonante que provocó la contingencia del 28 de abril de 2018, en el curso de hoy la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, dará a conocer los nombres de los imputados por responsabilidad fiscal tras hacer su investigación.

Cabe recordar que la entidad abrió por esta emergencia, hace cerca de un año, un proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto, y estimó que el daño fiscal sería de $4 billones. Desagregados, $2,9 billones son por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; mientras que los restantes $1,1 billones por lucro cesante.

“No hemos dado margen alguno a la improvisación e, incluso, nos hemos apoyado en expertos de la Universidad Nacional. Actuamos de manera desprevenida y sin sesgos”, dijo recientemente Córdoba en entrevista con LR, y agregó que “si los incidentes generados por nuevas demandas tienen consecuencias fiscales, la Contraloría estará presente y presta a actuar sin dilaciones”.

Los investigados

El auto mediante el cual se abrió el proceso vinculó como presuntos responsables a 34 personas, entre las que destacan: tres exgerentes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que son Federico Restrepo, Juan Esteban Calle y el actualmente embajador en Canadá Jorge Londoño De La Cuesta; dos exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y el actual gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria; y dos exgobernadores del departamento, el candidato presidencial Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos.

El documento detalló las presuntas acciones u omisiones de cada uno de los presuntos responsables fiscales. Por ejemplo, sobre Aníbal Gaviria, se anotó que en su calidad de alcalde de Medellín estaba a su cargo “el seguimiento y control a las acciones y omisiones de los gerentes o directores de los establecimientos públicos, como en el caso de EPM”.

De Sergio Fajardo, en cambio, se señaló que “en calidad de gobernador de Antioquia (...) tenía el deber de control y seguimiento respecto de sus agentes, en especial, del gerente de Idea y de quien tuviera asiento en la Asamblea y/o Junta Directiva de Hidroituango en representación de la Gobernación”. La misma responsabilidad se le endilgó en el documento a Luis Alfredo Ramos.

Así mismo, se señaló a Alejandro Antonio Granda, en calidad de miembro principal de la junta directiva de Hidroituango, Álvaro Julian Villegas, Hugo Alejandro Mora, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Jesús Alfonso Jaramillo e Iván Mauricio Pérez.

También figuraron como vinculados Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Gómez, John Alberto Maya, Jorge Mario Pérez, Luis Javier Vélez, María Eugenia Ramos, Rafael Andrés Nanclares, Sebastián Álvarez y Wilson Chinchilla.

Tres personas jurídicas también fueron vinculadas como presuntos responsables fiscales al proceso: Gestión y Auditoría Especializada Ltda - GAE, Integral S.A., e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. (que absorbió a la empresa Solintegral S.A.).

Consorcios

En los mismos términos fueron vinculados los integrantes del Consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H.S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), y a los integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic, el interventor (Ingetec y Sedic).

Además, se mencionó como terceros civilmente responsables a Mapfre Seguros Generales de Colombia y a Seguros Generales Suramericana.

LOS CONTRASTES

  • Carlos Felipe CórdobaContralor General

    “No hemos dado margen alguno a la improvisación e incluso nos hemos apoyado en expertos de la U. Nacional. Actuamos de manera desprevenida y sin sesgos”.

  • Nicolás CarreroDirector de Carrero Asociados

    “Cuando hay un responsable fiscal alguien responde por lo que pasó y por los recursos. Incluso, de ser el caso, deberán responder con su patrimonio personal”.

Lo que la Contraloría revele en el curso de hoy, explicó Nicolás Carrero, director de Carrero Asociados, será de suma importancia porque permitirá una eventual recuperación de los recursos. “Cuando hay un responsable fiscal, independiente de que se trate de exgerentes, alcaldes, gobernadores o administradores, alguien responde por lo que pasó y por los recursos. Incluso, de ser el caso deberán responder con su patrimonio personal”, resaltó.

Otros entes de control

Vale la pena anotar que si bien es posible que la Contraloría cierre hoy su proceso, este es solamente uno de los capítulos abiertos por la emergencia de Hidroituango.

En agosto se desató una tormenta cuando EPM interpuso una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría contra los consorcios involucrados en la construcción, por $9,9 billones. En su momento se anunciaron las fechas de la audiencia, sin embargo, esta ha venido dilatándose y todavía no se celebra, lo que ha generado alertas en el sector, en especial, de la veeduría TodosxMedellín.

Más allá de la conciliación, la Procuraduría también tiene abierta una investigación disciplinaria por “presuntas irregularidades en el proyecto Hidroituango; las modificaciones de la licencia ambiental del mismo; su control y vigilancia que han podido incidir en la contingencia social, económica y ambiental existente a la fecha de apertura de esta actuación disciplinaria y en la gestión, manejo y control de esta”.

La investigación se reanudó el pasado 8 de septiembre con la práctica de nuevas pruebas. La indagación vincula a 25 personas, entre los que destacan, además de varios nombres comunes del proceso de la Contraloría que hoy concluye: dos directores de la Anla y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Antecedentes

Miembros de la veeduría ciudadana TodosxMedellín han alertado que, sin un acuerdo extrajudicial entre las partes, sea en la audiencia de conciliación citada en la Procuraduría o mediante otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, no se podrá mantener el proceso de construcción, ni el cumplimiento del cronograma hasta la entrega de la obra. Además, han advertido que si EPM insiste en la demanda podrá generar pérdida de confianza en su capacidad de pago.

Documentos adjuntos

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