Colrepnsa
lunes, 9 de abril de 2018
También emitió un fallo por responsabilidad fiscal a la entidad por $670 millones en un contrato de reforestación.
La Contraloría General de la República hizo un hallazgo por $5.711 millones en la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) después de realizar una auditoría financiera realizada a la entidad. El fundamento del desfalco son las obras inconclusas del jarillón que debía proteger inundaciones al municipio Sabana Torres.
La corporación afectada por el desfalco es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-Colombia Humanitaria). Las veredas que están sin protección por la falta de esta construcción son Barranco, Colorado, Cerrito, Magará, Caño Peruétano, Aguas Negras y Las Lajas. Estos municipios fueron gravemente afectados por el fenómeno de La Niña en la ola invernal de 2010-2011.
La CAS contrató la obra con la firma GEINGA SAS y le desembolsó el monto patrimonial que equivale a la cifra faltante. Cuando el ente regulador investigó los detalles del contrato, evidenció que hay deficiencias en su ejecución y en el seguimiento de la evaluación realizada por la interventoría.
Según la Contraloría, hay en total 19 hallazgos administrativos de los cuales uno representa el desfalco y los otros sobre negligencia y fallas que serán trasladados a las autoridades correspondientes.
Adicional a estos problemas, la institución también determinó que los estados contables de la CAS no presentan razonablemente los aspectos importantes como su situación financiera y el resultado de sus operaciones en el año 2016. La subestimaciones de los estados contables son de un valor superior a los $5.000 millones.
Por último, la Contraloría también emitió un fallo con responsabilidad fiscal por $670 millones en un contrato de reforestación en el mismo departamento. El propósito de la obra era el mantenimiento de las plantaciones de caucho y bosques en Barrancabermeja.
Según el ente, a falta de planeación, incumplimiento del principio de selección objetiva del contratista y pagos sin cumplimiento de requisitos, ocasionaron la pérdida del 90% del contrato. Los funcionarios involucrados del CAS tendrán que responder por la suma.
A pesar de que la cuantía perdida era superior a los $3.000 millones, $2.500 millones de lo que le correspondía a los contratistas fueron recuperados gracias a la vinculación al proceso de las compañías aseguradoras que servían como garantes.
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