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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co lunes, 16 de abril de 2012

La Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal contra seis ex funcionarios y un ex contratista del Invías por un detrimento patrimonial de $13.951 millones, que se dio al no ejercer una adecuada defensa del Estado en el trámite de una millonaria conciliación del instituto con el consorcio conocido como Conigravas S.A.

La medida cobija al ex director del Invías, Mauricio Ramírez Koppel, a los miembros del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del instituto y al apoderado judicial, Francisco Ramírez.

Los integrantes del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Invías de 2006 vinculados como presuntos responsables fiscales son el Secretario General Administrativo, Augusto Ramírez ; el Jefe de la Oficina Jurídica, Vladimir Fernández; el Secretario General Técnico,Germán Rueda; el Subdirector Técnico Financiero, Guillermo Petersson; y Gustavo Montes, en su condición de delegado del entonces director del Invías en este comité.

El Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad Especial Anticorrupción que lleva este proceso de responsabilidad fiscal, Alejandro Agudelo, convocó para el próximo 9 de mayo la audiencia verbal de descargos. El caso en cuestión involucra la conciliación más cuantiosa de que se tiene antecedente en la historia del país.

La Contraloría también imputó cargos de responsabilidad fiscal, por un presunto detrimento patrimonial superior a $18.000 millones, contra el ex Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, los ex secretarios de Infraestructura Física, Mauricio Restrepo Gutiérrez y María Cristina Mesa Zapata, 10 consorcios y uniones temporales que abarcan 20 empresas de obras civiles y la Fundación para el Buen Gobierno (hoy Fundación Cubo). La decisión se origina al verificar, en más de 22 indagaciones preliminares y procesos fiscales, que hubo deficiencias en la planeación contractual, demoras injustificadas en la ejecución de las obras contratadas y adiciones no justificadas, entre otras irregularidades. En desarrollo de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaron en su momento, se presentaron situaciones irregulares en la actuación de funcionarios de la Contraloría de la gerencia departamental de Antioquia de esa época, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, Regional Medellín.

Se atendió una solicitud de control excepcional que requirió a la Contralora, la Comisión Sexta del Senado, en referencia a la contratación de obras públicas e infraestructura, desde enero de 2008 hasta octubre de 2010, por parte de la Gobernación de Antioquia, así como la contratación que con recursos públicos hizo la Fundación para el Buen Gobierno.

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