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miércoles, 18 de agosto de 2021

El proceso se adelanta debido a que el Ministerio TIC realizó un anticipo de más de $70.000 millones a los contratistas

Este miércoles la Contraloría General de la República anunció que iniciará un proceso de responsabilidad fiscal por el anticipo que le fue otorgado a la Unión Temporal por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En este proceso fueron vinculados representante legal delegada del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Adriana Vanessa Mesa; la subdirectora de gestión contractual, Sandra Orjuela Méndez; el Supervisor del contrato y Camilo Alberto Jiménez.

Así mismo, la Unión Temporal Centros Poblados, la Fundación de Telecomunicaciones, ICM ingenieros, INTEC de la Costa, Omega Building y a miembros del consorcio también fueron vinculados.

Este contrato fuer firmado por $1,07 billones para llevarle internet gratis a niños y niñas en instituciones rurales del país.

La polémica surgió debido a que el Ministerio realizó un anticipo de más de $70.000 millones a los contratistas, quienes presuntamente presentaron una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú.

Por su parte, Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, se presentó en la mañana de este miércoles ante la Fiscalía, a responder el interrogatorio por las presuntas irregularidades en el contrato de conectividad con el Ministerio de las TIC.

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