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Colprensa martes, 17 de abril de 2012

Así lo determinó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al resolver un conflicto de competencias entre la Contraloría y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que interpuso la Contralora, Sandra Morelli, para establecer si podía investigar a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado “Carrusel de Pensiones”.

Esta decisión que es de carácter obligatorio señala que Morelli "tiene el deber de continuar sus investigaciones y concluirlas", según señaló el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren.

El fallo señala que este conflicto era de carácter administrativo y no jurisdiccional por lo que la Sala de Conjueces de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no era la competente para definir este complejo conflicto.

Además señaló que la Comisión de Acusación solo tiene competencia para los aforados constitucionales en materia penal y disciplinaria, no fiscal, como señaló el fallo de la Sala de Conjueces, que -además- para el Consejo de Estado, excedieron sus competencias.

El Consejo de Estado difiere del fallo de los Conjueces que señalaba que la designación irregular de magistrados auxiliares para que accedan a millonarias pensiones era una falta penal y no fiscal.

"Los hechos que son contrarios a la Constitución y el orden jurídico generan múltiples consecuencias en el área fiscal, disciplinaria y penal", dijo Gómez al indicar que la Comisión de Acusación debe iniciar y desarrollar su propia investigación en materia disciplinaria por estos mismos hechos.

"En el fallo se insta a la Comisión para que siga adelante con el deber que le asiste. Lo que no puede hacer es en materia fiscal", agregó Gómez.

El magistrado señaló que este fallo es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los actores de este caso so pena de quebrantar el ordenamiento jurídico y dijo que "un juez no puede modificar con sus decisiones la Constitución".

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