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Joaquín M. López B. sábado, 5 de septiembre de 2020

Se tratan de plataformas tecnológicas en las que se invirtieron con recursos públicos, lo encontrado fue en cinco departamentos

La Contraloría General acaba de reportar que luego de una serie de investigaciones, puede reconocer de hallazgos fiscales por $14.823 millones en cinco departamentos. La intervención tiene que ver con manejo de los recursos públicos en plataformas tecnológicas destinadas a sectores de educación y salud.

"Así, por ejemplo, un proyecto de historia clínica centralizada en el departamento de Risaralda, que no ha resultado funcional, habría servido para monitorear de mejor manera los pacientes de Covid-19", añade la Contraloría.

En materia educativa, en los departamentos de Caquetá y Magdalena se invirtió en plataformas cuyo funcionamiento aún no es un hecho, lo que afecta las clases virtuales de los estudiantes de estas regiones.

El Risaralda, los hallazgos llegaron a 9.892 millones. Se encontró que, entre 2018 y 2019, la Gobernación de Risaralda, a través del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, suscribió tres contratos y un convenio administrativo para conformar una red pública de prestadores para la atención integral en salud del departamento, mediante la articulación de la historia clínica centralizada en los 16 hospitales del departamento.

"Como resultado de la auditoría, se pudo constatar que no existe interoperabilidad entre los softwares contratados, es decir que, la historia clínica centralizada no funciona. Si dicho servicio estuviera implementado, Risaralda tendría el mejor sistema de monitoreo de sus pacientes con ocasión de la pandemia", añade el ente de control.

El hallazgo de 2.406 millones tiene que ver con la creación de redes de conocimiento en áreas básicas pedagógicas y fortalecimiento de procesos evaluativos en el departamento, a través de una plataforma digital conectada a través de internet.

Las redes nunca fueron creadas y la plataforma digital no llegó a estar en funcionamiento. "A esto se suma el incumplimiento del contrato de interventoría asociado al Contrato 366 de 2013, por valor de $150 millones de pesos, puesto que el proyecto objeto de vigilancia y control no ejecutó las actividades para las cuales se contrató", señala.

Para el caso del Cauca, con hallazgos fiscales por 1.640 millones, se establece la suscripción de un contrato para el mejoramiento de la calidad educativa mediante la implementación de Tics. La cuestión es que el contrato no fue suspendido en las vacaciones de 2019 ni el el período de aislamiento de 2020, los que "significa que se pagó al contratista por sus servicios, cuando los estudiantes no estaban recibiendo clase".

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