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miércoles, 12 de enero de 2022

Entre los demandantes se encuentran el senador Roy Barreras y los congresistas Iván Cepeda y Luis Fernando Velasco

La Corte Constitucional admitió 21 demandas en contra de la modificación a la Ley de Garantías que aprobó el Congreso en octubre de 2021 y con la que el Gobierno podría celebrar contratos con entidades públicas como Gobernaciones o Alcaldías.

Si bien, el cambio aprobado señala que tiene el propósito de "promover la reactivación económica y la generación de empleo", los demandantes alertaron por una posible desviación de recursos durante época electoral.

Además, destacaron dentro de sus documentos presentados al tribunal que esta reforma a la Ley debía tramitarse mediante una ley estatutaria y no incluirse dentro de la Ley de Presupuesto para 2022.

Una vez recibidos para su estudio, el tribunal unificó los documentos bajo el expediente del senador Roy Barreras, el cual fue presentado el 21 de noviembre de 2021.

"Resulta a todas luces inconstitucional e ilegal reformar un artículo de una ley estatutaria, a través de la ley anual de presupuesto, pretermitiendo no solo el control previo por parte de la Corte Constitucional, sino además la competencia que para proferir este tipo de leyes tienen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes”, destacó Barreras en su documento.

Los congresistas Iván Cepeda, Luis Fernando Velasco y Carlos Alberto Maya también se encuentran entre los demandantes, a la lista se suman otros ciudadanos y algunos abogados.

La magistrada Diana Fajardo quedó a cargo de las demandas presentadas en espera de que la Procuradora General se pronuncie y otras entidades como Presidencia y el Congreso envíen su propio concepto.

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