Colprensa Jueves, 4 de febrero de 2016

La Sala Plena estudia una tutela que podría definir si las uniones gays se harán por un contrato civil de matrimonio, que implica mismos derechos que los que obtiene una pareja heterosexual, o bien si seguirán formalizándose mediante un contrato innominado que tiene el aval de la Procuraduría, pero que no tiene todas las garantías jurídicas, según lo expresan los directos afectados.

El caso está en manos del polémico magistrado Jorge Pretelt, quien proyectó una ponencia contraria a los intereses de la comunidad Lgbti pero que, no obstante, podría ser derrotada por la mayoría liberal de la Corte actual.

De hecho, se pudo establecer que en contra de la ponencia votarán los magistrados Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Gloria Ortíz, Alejandro Linares, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas. A favor de la ponencia votarán el mismo Pretelt, Gabriel Mendoza y Luis Guillermo Guerrero.

Este arduo debate  tiene de fondo una sentencia de la Corte Constitucional, la C-577 de 2011, que definió que las parejas del mismo sexo son familia y que decía que si el Congreso no regulaba el tema del matrimonio gay en un plazo de dos años, las parejas del mismo sexo podían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión.

En palabras de jueces, notarios y expertos elevadas ante el Tribunal, fue la misma Corte la que armó el “entuerto” al no ser clara y decir cuál sería ese vínculo contractual que sería utilizado para dicha unión solemne.

Entre tanto, la comunidad Lgbti estima que acceder al matrimonio igualitario es cuestión de derechos y que ya es hora que así sea considerado jurídicamente en el país.

“¿Por qué se atreven a hacernos la pregunta de por qué queremos casarnos? ¿Les parecer muy ilegítimo que aspiremos a la igualdad? ¿Les parece un capricho? Nosotros como población Lgtbi merecemos respeto”, dijo en su momento  Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa.