• Diego Cediel

sábado, 22 de febrero de 2014

El hecho detonante fue la sentencia del Comité de la Convención de Derechos del Niño de la ONU, en la que se le reprochaba al Estado Vaticano de mantener encubiertos numerosos y graves casos de abuso sexual a menores de edad. El Comité acusaba además, de que las prácticas y las medidas adoptadas por el cuerpo jurídico de la curia vaticana habían sido estériles y, en ocasiones, conllevaban a la impunidad gracias a un rígido código de silencio y complicidades entre los acusados, sus superiores y las autoridades locales.

El Arzobispo Silvio Tomasi, representante del Vaticano ante la ONU, respondió que en efecto, se han adoptado políticas y procedimientos jurídico-canónicos que remedien el dolor de las víctimas y castiguen a los culpables. Pero puntualizó en que, si bien la minúscula jurisdicción de la justicia vaticana le impide investigar y castigar dichas prácticas más allá de sus fronteras, se han entablado acuerdos de cooperación con las autoridades judiciales nacionales en cada uno de los países en que se han cometido, de manera sistemática y recurrente actos de pederastia y abuso sexual. Asimismo, Tomasi señaló que las cifras de sacerdotes involucrados en estos delitos corresponde a 1,5% de la comunidad religiosa católica. Y, no como los medios de comunicación quieren mostrarlo: “Una iglesia sometida a impulsos pederastas”, remarcó el diplomático.

Así las cosas, no solo el código de silencio y las escasas condenas civiles de los culpables es lo que reclama, Sara Oviedo, vicepresidente del Comité y coautora del informe de acusación. También denuncia que en razón al influyente poder que ostenta la iglesia católica alrededor del mundo, las autoridades locales, incluso de países de Europa y Norteamérica, prefieren soslayar la mirada antes estos ‘actos criminales’, como ella los califica.

¿En qué radica, entonces, el problema? ¿Por qué es interesante una acusación de impunidad y silencio en investigaciones de delitos sexuales? ¿El que sea el Vaticano y, con más precisión, altos miembros de la curia de la iglesia católica los incriminados en dichas conductas, hace más atractivo y mediático el asunto? ¿Es un pulso de poder entre la ONU y el Vaticano? Por desgracia, algunas respuestas a estas preguntas solo las dará el tiempo, supremo tribunal de los sucesos humanos.

El 14 de febrero, en una entrevista dada al diario El País de España, Oviedo señala que la sesión de comparecencia fue un ‘tire y afloje’ entre las partes. Del lado pontificio, la actitud fue evasiva y ambigua, circunstancia que le hizo dudar sobre la veracidad de las declaraciones y, al mismo tiempo, reafirmar sus sospechas sobre el mutismo reinante en la estructura vaticana. A lo largo de la entrevista, insiste en que la postura del embajador Tomasi y su equipo colaborador fue la de un grupo de funcionarios que defienden lo indefendible, que sus omisiones debían ser perdonadas porque ya habían pedido excusas en unos pocos casos y, que se les debía exonerar de las acusaciones solo porque estaban al tanto de los casos. 

A todas luces, la postura de Oviedo revela más que un ánimo investigativo. En la entrevista dice que es creyente, pero “creyente en el Dios de los pobres”. Agrega que tampoco participa en una iglesia que ha cometido tantos errores y “que siempre está de lado de los que tienen el poder”. Con estas afirmaciones, Oviedo parece trasladarle como función de la ONU, el dictar cátedra y doctrina sobre si el Dios de los católicos es un Dios burgués y vengativo o sobre si es un amañado megalómano de sátrapas que gobiernan algunos países del mundo. Por lo que se ve en la Carta de 1945, esa función es más la opinión de la vicepresidente que se convierte en prejuicio.

Es evidente que Oviedo omite que durante el pontificado de Benedicto XVI, cerca de 400 sacerdotes fueron expulsados de su ejercicio y dignidad religiosa por sospecha y comprobación de delitos sexuales contra menores de edad. Es decir, previo a las conclusiones del Comité, la principal autoridad católica había adoptado medidas que evitaran, lo que ella pretende resarcir: impunidad y silencio. Entonces, si hay una trama orquestada entre autoridades locales y curia vaticana para  desconocer los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, ¿cómo se explica dicha expulsión? Al parecer, Oviedo cree que la ONU debe, no solo dictar doctrina, sino que completar un juicio y emitir sentencia ante un delito sería adecuado como propósito. Pero, en la Carta tampoco se hace explícito.

Se debe considerar que las actuaciones de la funcionaria del Comité son producto de la buena fe y de un equilibrado análisis probatorio y documental. Pero tras una entrevista, que en vez de explicar el procedimiento diplomático se encuentra más opinión personal sobre temas que ella contradice con la doctrina de la Iglesia y, en la que se condena sin mediar fórmula de juicio para los acusados, se percibe más una inconformidad política con la estructura católica que una actuación ajustada a procedimientos normativos y legales, reconocidos por los países miembros de la ONU.

Nadie quiere tapar el sol con la mano. Algunos sacerdotes católicos han cometido graves delitos relacionados con pederastia y, como en cualquier organización humana, algunos miembros optan por el espíritu de cuerpo para silenciar dicha prácticas, afectando con severidad los propósitos de esta comunidad religiosa. Pero, ello no es pábulo para que la ONU pretenda saltarse una de sus principales funciones, consagradas en la Carta de 1945: la de ‘servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar objetivos comunes’. Como la eliminación de la pobreza, tan común a ambas organizaciones.