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martes, 12 de junio de 2012

Uno de los aspectos básicos a considerar tiene que ver con el impacto de las reformas sobre el comportamiento que debería esperarse de la parte deautoridades y operadores del sistema.

Recordemos en primer lugar que el decreto 4107 de 2011 delimita orgánicamente el sector administrativo de la salud. A la cabeza del mismo ya no está el MinProtección, herencia del primer gobierno de Álvaro Uribe, sino el Ministerio de Salud y Protección Social. La Ley 1444 de 2011 volvió a separar los órganos rectores del trabajo y de la salud, reanudando así con la sana tradición iniciada en 1938 y 1946 respectivamente, consistente en especializar los altos responsables de tan sensibles sectores. Sin embargo, al especializar al nuevo Minsalud, se le asignaron además de las funciones políticas y de gobierno propias de todo ministerio, un número elevado de competencias en todas las materias del sector, con un espíritu que va más allá de la dirección y coordinación, y que entraña una tendencia re-centralizadora en el ejercicio de ciertas atribucionesque podrían ejercer entidades descentralizadas. Es así como, directa o indirectamente, el ministerio administra los recursos para la sostenibilidad del sistema e incluso participa de toda la función de regulación económica sectorial.Queda la sensación de que, al estar en crisis,todo requierela intervención ministerial. Segundo, recordemos que el sector tiene a nivel nacional 3 establecimientos públicos, tales como el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales y el Invima, 4 ESE como el Instituto de Cancerología o el Sanatorio de Agua de Dios, 1 instituto científico: el Instituto Nacional de Salud, 1 superintendencia con personería: la SuperSalud, 1 unidad administrativa especial con personería: la CRES y 3 empresas industriales y comerciales del Estado: Caprecom, Cajanal en liquidación y Etesa en liquidación. Hasta aquí los retos son muchos: por ejemplo, que el Fondo de Ferrocarriles dejeun día de ser un subsistema especial; que el Invimatenga losrecursos que le permitan garantizar, adecuada y oportunamente, la calidad delos medicamentos y alimentos ofrecidos en el país; que en el consejo directivo del INS haya más científicos que políticos ahora que ya no es establecimiento público; que la Supersalud optimice la inspección, vigilancia y control de promotores y prestadores de salud; que el Gobierno démuestras de interesarse en la CRES nombrando los 3 expertos que deben reemplazar desde hace más de un año a los designados en el 2007; que los centros hospitalarios públicos nacionales que subsistenoperen correcta y dignamente y que empresas como Caprecomsean modelos de promoción y atención en salud, o sino, que se liquide algún día junto con sus hermanas Cajanal y Etesa. Pero haymás:no podemos olvidar dos fondos bajo la responsabilidad del Minsaludcomo el Fosyga y el Fonsaet. Recientemente, el primero de ellos fue objeto deajustes en lo relativo a inconsistencias en el pago de los llamados recobros entre el 2008 y mayo de 2011. El segundo fondo nace con la reforma legislativa de 2011 y sirve para pagar las obligaciones que no puedan cancelar las ESE que sean intervenidas o liquidadas.Este podría, en términos de análisis económico de las normas anti-corrupción, legitimar financieramente la mala gestión de los recursos públicos, al anticiparla. Habría que incluir a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, conformada por un delegado del Presidente y los ministros de Salud y de Industria. Esta comisión es totalmente política, a pesar de que cumple una labor fundamental de regulación económica, consistente en fijar la política de precios.No hay razón para esperar que en dicho ente primen las razones basadas en el análisis de fallas naturales o artificiales del mercado. Así mismo, tras la expedición del decreto 4185/11, la Superfinanciera entrará a jugar, pues vigilará a las EPS en cuanto a la administración del riesgo financiero. Y como las EPS deberán cumplir con los requisitos financieros exigidos a las aseguradoras del sistema financiero, habrá sin duda una reducción importante del número de EPS que podrán operar en el país. Para cerrar esta primera aproximación orgánica a lo que debería contenerlaepicrisis del sistema de salud, no puede excluirse el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, o mejor, lo que será este ente mixto cuya creación y operación aún no se han materializado; ni podemos dejar de lado la figura del Defensor del Usuario en Salud, creado en la reforma legislativa de 2007 (Ley 1122), pero que desafortunadamente aún no ha entrado a operar. Tampoco pueden dejar de mencionarse las autoridades territoriales de salud, ni mucho menos los protagonistas del sistema: las EPS, las IPS, el médico tratante y el paciente.

Bernando Carvajal

Doctor en derecho

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