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miércoles, 23 de febrero de 2022

Aunque estaba previsto que el contratista Emilio Tapia asistiera a la diligencia, no se conectó a la audiencia por problemas de conectividad

En el proceso que se sigue por las irregularidades en el contrato del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados, por el que todavía están refundidos $70.000 millones que giró la cartera a manera de anticipo, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cuatro personas.

Se trata de Juan José Laverde, representante de Rave Agencia de Seguros; Luis Fernando Duque, representante legal de la UT; Juan Carlos Cáceres y Otomar José Lascarro Torres. A la diligencia estaba citado también el contratista Emilio Tapia, sin embargo, por cuenta de fallas de conexión con la Cárcel La Picota, donde está recluido, no se pudo conectar a la audiencia.

La Fiscalía les imputó los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación a favor de terceros. Este último, porque presuntamente desviaron los dineros del anticipo entregado por MinTIC para cubrir gastos personales no relacionados con el objeto del contrato suscrito.

Luego de la intervención del ente acusador, ninguno de los imputados aceptó los cargos, y Laverde, Cáceres y Lascarro afirmaron que están en un proceso de colaboración con la Fiscalía para devolver el dinero y esclarecer los hechos.

Cabe recordar que, por este mismo caso, la exministra de la cartera, Karen Abudinen, declaró hace dos semanas ante la Procuraduría, y reiteró que los funcionarios del Ministerio fueron engañados por los arquitectos del entramado de corrupción.

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