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  • Andrea Mancera Rojas

jueves, 24 de enero de 2013

La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento contra Camilo Bula, quien habría sido designado liquidador de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por parte del ex director Carlos Albornoz. Se estableció que podría dejar de asistir a las diligencias del caso.

El fiscal 39 de la Unidad Antinarcóticos le solicitó al juez 37 de Garantías de Bogotá que dicte medida de aseguramiento en contra de ex fiscal Antimafia y depositario provisional de la DNE, Camilo Bula, por su presunta responsabilidad en la entrega irregular de bienes a particulares decomisados a la mafia a cambio de una comisión.

Según el representante del ente acusador es necesario que Bula permanezca privado de la libertad mientras se desarrolla su proceso.

“Es necesaria, Su Señoría, porque las conductas que se realizaron van en detrimento y en contravía de los intereses estatales. Es necesaria porque hay que generar una seguridad jurídica para combatir esa corrupción que carcome los estamentos gubernamentales”, señaló el Fiscal al exponer sus argumentos ante el juzgador.

Para el delegado, además es adecuada la medida de aseguramiento porque la “afectación a los bienes jurídicos que se la han imputado a Camilo Bula así lo establece”.

Ratificó el Fiscal que cuentan con los elementos suficientes de prueba para demostrar que Bula incurrió en las conductas por las que se le señala.

“Es adecuada porque la Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba y es la forma eficaz para que el doctor Bula comparezca al proceso”, manifestó.

La imputación

Bula es señalado de la pérdida de 20 mil millones de pesos, por lo que le fueron endilgados los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado, peculado, prevaricato, obtención de documento público falso y concierto para delinquir. Conductas que no aceptó.

El ex funcionario, según el ente acusador, desde las labores que tenía a cargo cometió una serie de irregularidades por las que debe ser juzgado.

“En su cargo debió actuar con transparencia, realizar una selección objetiva y tenía el deber de tener actualizados los avalúos de los bienes”, señaló el fiscal durante la imputación.

Entre las presuntas irregularidades cometidas en la Dirección Nacional de Estupefacientes está el nombramiento de Bula como liquidador de la entidad Promociones y Construcciones del Caribe y Compañía S.A. (Promocom).

“Camilo Bula había sido Fiscal Especializado y jefe de varias unidades, de las cuales salió por un escándalo, fungió como funcionario del Ministerio de Justicia y laboró en el Congreso. Es un abogado y no tenía calidad ni los requisitos para ser liquidador”, indicó el delegado del ente acusador.

Además se le señaló por parte de la Fiscalía de cometer inconsistencias en el proceso de enajenación de los bienes Centro Ejecutivo II, Casa de Turismo (Santa Marta), Centro Comercial Villa Country y el lote parqueadero (Barranquilla), propiedades que eran administradas por la DNE y avaluadas al parecer de manera irregular.

El Fiscal citó como ejemplo que el Centro Comercial Villa Country fue avaluado para el 2008 en cerca de $23 mil millones, cuando en anteriores valorizaciones se encontraban por $40 mil millones.

“Bula se dio a la tarea de disminuir las áreas privadas del Centro Comercial Villa Country de 17 mil a 12 mil metros cuadrados, para venderlo a un menor valor. Y sin acudir a la información oficial Catastral”, indicó. 

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