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Allison Gutiérrez Núñez - agutierrez@larepublica.com.co jueves, 31 de diciembre de 2020

Actualmente, las mujeres y niñas que así lo deseen pueden abortar en el país bajo tres causales: violación, riesgo físico y mental y malformación congénita

La decisión histórica que tomó el Congreso Argentino en reconocer el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, con la despenalización del aborto hasta la semana 14, revivió el debate en Colombia y seguramente en los demás países de la región donde aún no es legal del todo.

En la actualidad, Cuba, Uruguay, Guyana y ahora Argentina, son los únicos países en América Latina que permiten la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que está a favor de una consulta popular para que las mujeres decidan sobre la despenalización del aborto en el país. Allí el aborto es legal en la capital Ciudad de México y en el estado suroccidental Oaxaca hasta la semana 12 de gestación. En los demás estados de México solo es permitido en algunos casos.

Pero, ¿qué pasa en Colombia? ¿cómo se encuentra el debate de la despenalización del aborto en el país nacional? Lo primero que debe saberse es que aquí, hasta el momento, el aborto es legal solo en tres causales.

La primera de ellas es cuando por razón del embarazo la vida de la madre, niña o el ser gestante corra peligro, y también cuando la mujer o niña se vea afectada en su salud mental. La segunda causal que permite el aborto en el país es cuando exista una malformación congénita del feto que impide su vida extrauterina o que por discapacidad, tenga una vida muy indigna. Y, la tercera, es cuando el embarazo se haya dado producto de una violación o relación no consentida; transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consensuada.

Sin embargo, en la practica, según ha venido evidenciando organizaciones legales a favor del aborto como la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, lo que sucede es que dentro de estas tres causales existe el riesgo de que el derecho a abortar se vea obstaculizado o impedido por factores sociales, estructurales, éticos, e incluso religiosos.

La objeción de conciencia de los médicos especialistas, el desconocimiento de la ley por parte de las mujeres, la no garantía de la información de los prestadores de salud a las mujeres, trabas burocráticas y la discriminación, son algunos fallas que causan que la mayoría de las mujeres prefieran poner en riesgo su vida acudiendo a sitios clandestinos o teniendo un embarazo forzado.

A partir de 2006, año en que se despenalizó el aborto en Colombia en las tres causales, se han venido presentando acciones judiciales para lograr abolirla o ampliarla.

Por ejemplo, en términos recientes, el 2 de marzo de este año la Corte Constitucional colombiana, ante una demanda que pedía penalizar el aborto en todos los casos, decidió dejar la legislación del aborto en Colombia tal cual como estaba, es decir, permitiendo este derecho en sus tres causales.

Según la entidad judicial, la decisión se tomó porque se consideró que la demanda no tenía fundamento para ser tratada por la Corte Constitucional. De igual forma, y por la misma razón, la ponencia del magistrado que planteaba despenalizar el aborto en Colombia durante las primeras 16 semanas, tampoco prosperó.

Sin embargo, desde el 17 de setiembre de 2020 reposa en la Corte Constitucional una demanda interpuesta por el movimiento Justa Causa, para lograr que el delito del aborto sea despenalizado totalmente. En Colombia, por abortar bajo ninguna de las tres causales legales, las mujeres podrían ser condenadas a uno o seis años de prisión, según establece el Código Penal colombiano.

La asesora legal del Movimiento Justa Causa, Cristina Rosero, dijo que el avance que dio Argentina en materia legal sobre la IVE se convierte en un referente no solo para Colombia, sino para toda América Latina y el Caribe "que tienen restricciones para abortar y que también tiene la mayor cantidad de muertes asociadas a la realización de esta práctica en condiciones inseguras".

Para este colectivo es fundamental dar con una solución definitiva para que se garantice verdaderamente el derecho a abortar para todas aquellas que así lo requieran y deseen. Pues según justificaron en su demanda, la Fiscalía ha seguido abriendo procesos penales contra las más jóvenes que viven en la ruralidad y son víctimas de violencia, a pesar de que debería haberse disminuido estos procesos debido a las causales introducidas como legales.

Y es que, por ejemplo, a pesar de estar cumpliendo con la normatividad para acceder al aborto, en el año 2018 una estudiante de 15 años que quedó en embarazo, producto de una violación, estuvo sometida a un proceso de judicialización y amenazada por miembros del CTI de la Fiscalía, luego de que la clínica donde ella solicitó la IVE violara la reserva médica y suministrara la información al ente judicial. Este caso fue atendido por la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres que logró finalmente se cerrara el caso.

Por lo que Justa Causa señaló que “esperamos que este importante avance sea un referente para la Corte Constitucional colombiana que próximamente decidirá la demanda de movimiento Causa Justa, que busca precisamente la eliminación del delito de aborto del Código Penal”.

Cabe recordar, que en Colombia las mujeres y niñas pueden hacer cumplir su derecho a interrumpir el embarazo en las IPS, clínicas u hospitales públicos o privados que cuenten con personal capacitado.

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