Colprensa
lunes, 1 de abril de 2024
La empresa de hidrocarburos estadounidense pedía más $20.000 millones por daños y más de US$ 12 millones por costo de oportunidad
Una importante noticia judicial para el país se produjo en la mañana de este lunes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Colombia y negó la demanda presentada por la empresa de hidrocarburos estadounidense Hupecol, a la que la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, Anla, le revocó la licencia ambiental para realizar exploración en una zona de La Macarena, muy cerca a Caño Cristales.
La empresa extranjera pedía más $20.000 millones por daños y más de US$ 12 millones por costo de oportunidad.
Es así como Hupecol pretendía que se declarara la nulidad del acto administrativo expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con el que se le impidió desarrollar un proyecto de
hidrocarburos en el Bloque Serranía.
La empresa argumentaba que la Anla violó sus derechos en 2016 al revocar una licencia ambiental que le fue otorgada meses antes, en más de 30 mil hectáreas entre los municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).
Sin embargo, en sentencia del 1 de febrero de 2024, que no fue recurrida por la parte demandante, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, argumentando que la zona en la que se realizaría el proyecto fue declarada de especial importancia ecosostémica y por lo tanto cualquier actividad de extracción de hidrocarburos la pondría en riesgo.
“Esta sentencia ratifica que las políticas del Gobierno en materia de protección ambiental y de desescalamiento gradual del modelo extractivista, son el camino para enfrentar el cambio climático. Además, evidencia que los intereses económicos no están por encima de los derechos ambientales y de la vida”, aseveró Jhon Camargo, director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje.
Por su parte, Rodrigo Negrete Montes, director general de la Anla, señaló que: "la decisión constituye un precedente favorable para el Estado en materia de protección y conservación del medio ambiente, en particular en este caso del Área de Manejo Especial la Macarena, así como la ratificación del fin preventivo de las licencias ambientales como mecanismo para la garantía del desarrollo
sostenible. Además, se evita el pago de una condena de más de $100 mil millones que se reclamaban como perjuicios”.
La defensa judicial se realizó de forma conjunta entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, Cormacarena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje.
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