• Colprensa

martes, 26 de febrero de 2019

Desde hace siete meses, Julio*, un hombre de 49 años, que vivía de la minería ilegal en el departamento de Antioquia, permanece sentado en la sala de su casa.

Con unas gafas negras que no permiten ver el daño que le ocasionó en los ojos un accidente con una draga, de las que suelen incautar las autoridades precisamente porque le hacen daños al medio ambiente.

Julio vive en La Colombianita, un barrio de invasión ubicado en las laderas del municipio de Caucasia, donde la mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura, la minería o arreglos varios.

De él dependen su esposa, María*, sus tres hijas y cuatro sobrinos de María, a quienes acogieron cuando quedaron huérfanos, pero no ha podido volver a trabajar desde que sufrió el accidente.

“Él trabajaba con una draga en minería. Se fue a trabajar al dragón. Le quitaron la chupadera y no se dio cuenta y le chupó la cabeza a él y ahí quedó ciego”, explicó Mario*, de 21 años, uno de los sobrinos.

Mario tampoco trabaja por el momento. Se está recuperando de una apendicitis que le dio hace tres meses, uno después de que llegó de prestar el servicio militar. Una hermana mayor de Mario, que vive en Tolú, Coveñas, es quien les brinda algún apoyo, después de lo que ocurrió con Julio.

María, por su parte, se lamenta de que el Gobierno no les brinda ninguna ayuda, pese a que ella, su esposo y sus siete hijos están registrados como víctimas del conflicto.

Entre lágrimas, recuerda que fue por culpa de los grupos al margen de la ley que comenzó su tragedia. Su esposo tuvo que dedicarse a la minería desde que su familia tuvo que desplazarse del departamento de Bolívar a causa de la violencia.

“Mis papás son Testigos de Jehova y los engañaron diciéndoles que les iban a predicar la palabra”. Unos hombres armados, no sabe de qué grupo, entraron a la casa de sus padres y los intimidaron. Nunca les dijeron que debían irse, pero supieron que tenían que hacerlo.

“Nosotros veíamos los muñecos (los muertos) que dejaban en el parque, por eso yo le dije a mi mujer, toca salir de acá o nos matan”, relata Julio, que se mueve por su casa gracias a un palo de madera que le consiguieron sus hijos. Desde que ocurrió el accidente solo sale de casa para ir a las citas médicas que tiene para mejorar su calidad de vida.

La familia de ‘Julio’ es una de más de 100 que viven en la zona, en donde, según las autoridades, las estructuras dedicadas al microtráfico se dedican a buscar a los menores para hacerlos consumidores y llevarlos al mundo del crimen.

Mario dice que en La Colombianita viven bien, aunque reconoce que por épocas las cosas se ponen difíciles.

“A veces hay crisis de asesinatos y de muertes. La mayoría de las veces es por problemas de drogadicción y robos entonces la limpieza siempre hace su efecto”, señala. Dice, sin embargo, que él tiene la conciencia tranquila porque no está metido en actos delictivos.

Las autoridades aseguran que La Colombianita es uno de los barrios en donde las bandas se disputan el negocio del microtráfico, y que esa zona de invasión es donde están las ‘ollas’ o expendio de drogas del municipio.

“Dijeron que había una caleta, pero eso no se sabe, lo mejor es que uno se quede quietecito en su casa, así a uno no lo matan”, asegura Mario, que desde niño ha estado rodeado por la violencia. Su madre, que también era víctima, se suicidó cuando él tenía apenas cinco años.

María dice que su hermana no aguantó todo lo que vivieron cuando eran pequeñas. Asegura que eran violadas por miembros de estructuras al margen de la ley.

Según María, así como ella y su familia no recibieron ayuda cuando salieron huyendo de su pueblo, tampoco la tuvieron cuando murió su hermana, ni ahora por la condición que se encuentra su esposo.

Pide que el Gobierno Nacional vuelque su mirada en esta zona y que convierta en “legal” su barrio, para tener servicios públicos como en el resto del municipio.

“No hay acueducto, ni alcantarillado. Nosotros quisiéramos que nos dejarán acá, acá vivimos bien, es una comunidad de invasión, pero está libre de peligro, pedimos que legalicen la vivienda, que haya agua, que nos arreglen las casas y que nos pavimenten las vías”, expresó.

Mario, mientras tanto, saca agua de un pozo ubicado en la parte trasera de su casa. Aunque no es apta para el consumo humano, les sirve para lavar la ropa y la loza. Aunque en la zona opera un acueducto improvisado, el agua llega solo tres días a la semana.

EL BALANCE

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, visitó hace unos días Caucasia como parte de una misión humanitaria por el bajo cauca antioqueño en la que buscaba escuchar a los líderes sociales de la zona y atender sus denuncias.

Según el defensor, se calcula que unas 1.200 personas tuvieron que desplazarse a causa del conflicto armado el año pasado.

El defensor expresó que el objetivo de visitar estas zonas alejadas y vulnerables del país es obtener información detallada para plantearle al Gobierno Nacional que tome acciones al respecto.

“Buscamos analizar las problemáticas para coordinar con autoridades locales, y para que las entidades de orden social y del Gobierno Nacional estén aquí”, dijo Negret.

La reunión que sostuvo el defensor con los líderes sociales de la zona se tuvo que llevar a cabo de manera reservada debido a que el ELN, el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparrapos’ intimidan a los habitantes de la zona.