martes, 7 de diciembre de 2021
Se designaron 100 policías de Inteligencia e Investigación Criminal, que serán los encargados de adelantar los procesos para contrarrestar la deforestación
Con el fin de fortalecer las acciones preventivas para la protección de la flora y la fauna, el Ministerio de Ambiente y la Policía Nacional presentaron la ‘Estrategia Institucional de Protección del Capital Natural’.
Las entidades anunciaron que, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades, se designaron 100 policías de Inteligencia e Investigación Criminal, que adelantarán procesos para contrarrestar la deforestación en los Parques Nacionales Naturales. De ellos, la mitad se dedicará exclusivamente a la investigación de delitos medioambientales, 40 a labores de inteligencia y los restantes 10 al monitoreo de la comercialización y tráfico de especies en el campo cibernético.
“Con la Policía hemos venido trabajando para tener más presencia en el territorio, desde el Ministerio estamos fortaleciendo la relación interinstitucional, las capacidades tecnológicas, técnicas y humanas. Hoy vimos cómo tenemos una fortaleza en comunicaciones y en monitoreo a través de drones que tienen autonomía de más de 14 kilómetros para monitorear los delitos ambientales; 100 nuevos investigadores estarán tanto en las regiones como aquí en las salas de ciberseguridad monitoreando lo que está sucediendo en el territorio. Y lo más importante: proteger la vida humana, la vida por encima de todo, por eso desde el Ministerio hemos lanzado con la Policía esta estrategia de protección de líderes y de personas que están en el territorio trabajando por la protección del patrimonio natural”, dijo el ministro de Ambiente, Carlos Correa.
En efecto, anunciaron también la priorización de cuatro líneas de trabajo para apoyar a los líderes ambientales, que incluyen, entre otras, acciones para su reconocimiento e informes con rutas de atención para evitar delitos en su contra.
Según el balance de las autoridades, han logrado avances en 75% de los procesos investigativos abiertos por casos de homicidios de esta población en el país que, de acuerdo con la ONU, fueron ocho entre 2018 y 2020.
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