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Carlos Parra Dussan viernes, 29 de junio de 2012

Gran incertidumbre jurídica genera la decisión que asumió el presidente de objetar al Congreso la reforma a la justicia, desde luego antes de su entrada en vigencia con la promulgación, que no tiene antecedentes en la historia, porque la Constitución del 91 en ningún artículo faculta a un jefe de Estado para objetar las reformas que el Congreso decida hacerle a la Carta Política.

El Presidente resumió sus críticas en cuatro grandes inconvenientes: destacó que la comisión de conciliación le quitó a la Fiscalía las competencias para investigar a funcionarios con fuero, lo que implicaría 'paralizar 1.500 investigaciones' que avanzan; señaló que la reforma incluía un parágrafo que extendía la doble instancia; criticó la forma como se intervino el régimen de pérdida de investidura y declaró como inconveniente haber suprimido el régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En Colombia con el propósito de publicitar los alcances de las reformas constitucionales aprobadas durante el actual gobierno, se han venido realizando actos simbólicos a manera de sanción, que posteriormente han dado paso a la publicación oficial de la nueva norma constitucional, costumbre que no está consagrada constitucionalmente.

La Constitución sólo establece de manera explícita, que los únicos mecanismos contemplados para revocar las reformas constitucionales del Congreso, son una demanda ante la Corte Constitucional y la convocatoria a un referendo revocatorio, claro está, que luego de la promulgación y entrada en vigencia de la norma reformatoria.

Esta incertidumbre jurídica ha sido objeto de un amplio debate luego de que el presidente de la República objetara la reforma a la justicia y se abstuviera de promulgarla, es decir, que impidiera su publicación en el Diario Oficial, evitando su entrada en vigencia y por consiguiente sus efectos jurídicos.

Ante esta incertidumbre jurídica, lo que tiene que hacer el Gobierno es un ejercicio imaginativo constitucional para frenar la aplicación de la reforma, que dicho sea de paso, ya se aprobó en sus 8 debates, pero falta su promulgación para que nazca jurídicamente.

Jurisprudencialmente, señala la Corte Constitucional en la Sentencia C-222 de 1997, que el artículo 375, específico de las reformas constitucionales, no supedita su entrada en vigencia a la sanción del Ejecutivo, ni autoriza a éste para objetarlas.

Sin embargo la misma Corte Constitucional incrementa la incertidumbre jurídica, al indicar en la Sentencia C-337 de 2006, que sí deben observarse otras disposiciones constitucionales 'que sean relevantes para examinar la regularidad del procedimiento de aprobación de una reforma a la Constitución' y algunas disposiciones de la ley orgánica del procedimiento legislativo 'que resulten aplicables' en cuanto su desconocimiento conlleva la violación de la Constitución.

En la misma sentencia, se ha considerado que sí constituye parámetro para ejercer el control de constitucionalidad sobre los actos legislativos, las disposiciones constitucionales que regulan la competencia en materia de reforma constitucional. Al respecto, también se pueden consultar las sentencias C-543 de 1998, C-551 de 2003, C-372 de 2004, C-816 de 2004, C-208 de 2005 y C-1040 de 2005.

En conclusión, el país se encuentra en una grave incertidumbre jurídica, al haber objetado el Presidente sin tener las facultades un acto legislativo, no existir unidad jurisprudencial de este aspecto en la Corte Constitucional y al haber un clamor ciudadano de oposición a la reforma de justicia.

 

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