lunes, 30 de agosto de 2021
El anuncio se da en medio del escándalo que tiene acorralado a este consorcio y al MinTIC por presunto detrimento de $70.000 millones
La Procuraduría General de la Nación anunció el pasado viernes que algunas entidades del Estado están ejecutando contratos con la Unión Temporal Centros Poblados. El anuncio del organismo de control se da en medio del escándalo que tiene acorralado a este consorcio y al MinTIC por el presunto detrimento de $70.000 millones, que se dieron como anticipo, de un contrato de $1 billón, que tenía como fin proveer de internet a varias zonas apartadas del país.
“La Procuraduría General de la Nación advierte a las entidades que están ejecutando contratos con los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados para que inicien el proceso de cesión de los mismos, previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuera posible, renunciar a su ejecución, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 80 de 1993”, afirmó el organismo.
La orden de la Procuraduría se hizo luego de encontrar que el consorcio tiene ocho contratos en curso con el Estado y ante el escándalo que involucra al MinTIC y a la ministra Karen Abudinen no se tiene la confianza en el contratista, pues para la implementación tecnológica de internet en zonas rurales del país, Centros Poblados presentó pólizas falsas, además de engaños con relación a su capacidad técnica y financiera para sacar adelante el proyecto.
La investigación también determinó que los negocios jurídicos “fueron suscritos por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%), como personas jurídicas independientes o como parte de otros consorcios o uniones temporales con distintas entidades estatales”.
Son consorcios independientes que hasta julio han logrado avanzar solamente 1% de los 10.000 centros digitales que fueron prometidos por el Gobierno Nacional.
Asimismo, funcionarios de la Procuraduría adelantaron visitas al Instituto Nacional de Vías, (Invías) y encontraron cinco contratos que ascienden a $603.000 millones. También tienen acuerdos contractuales con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), pues se documentaron dos que alcanzan $17.000 millones. Por último, se encontró que Centros Poblados también tiene nexos contractuales con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por más de $25.000 millones, producto de un único contrato.
La Procuraduría recolectó en sus vistas a las empresas la documentación relacionada con los contratos en ejecución y anunció una indagación para corroborar si las entidades de orden público sí verificaron la autenticidad de la documentación, pólizas y garantías, presentadas por el consorcio Centros Poblados.
“El Ministerio Público recaudó los documentos que conforman los expedientes de los contratos en ejecución, celebrados con las sociedades que hacen parte de la Centros Poblados. Verificaron las gestiones realizadas, tendientes a comprobar la autenticidad de las pólizas y garantías correspondientes, y conminaron a las entidades a adelantar las acciones legales y contractuales que garanticen la protección del patrimonio público”, informó la Procuraduría.
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