Colprensa
miércoles, 13 de octubre de 2021
El Ministerio Público cuestiona el papel que habría tenido la exsecretaria general de MinTIC en el contrato de Centros Poblados
Contraloría General iniciará investigación sobre 234 contratos de socios de Centros Poblados
Adriana Meza Consuegra, quien se desempeñó como secretaria general del Ministerio TIC durante el periodo de Karen Abudinen, está en la mira de la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con Colprensa, tiene listo un pliego de cargos por las presuntas faltas que habría cometido en el proceso contractual de la Unión Temporal Centros Poblados.
Entre otras conductas, el Ministerio Público reparó en los tiempos entre la apertura de la licitación y la celebración del contrato, que se habría firmado “con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas, desconociendo los principios de economía en el cual se halla inmerso el principio de planeación, de responsabilidad y transparencia que rigen en las actuaciones contractuales”.
Al respecto, la Procuraduría indaga sobre la posibilidad de que Meza hubiera estado detrás de la relajación del requisito financiero relativo al patrimonio en el pliego de condiciones, que pasó de 18% a 10%. Esta y otras modificaciones definidas por el estructurador del proceso se habrían realizado sin los estudios y análisis suficientes.
De acuerdo con el Ministerio Público, sin esa modificación habría sido imposible que Centros Poblados cumpliera con los requisitos contractuales, en la medida que el patrimonio acreditado por la Unión Temporal era de $123.616 millones; es decir, 11,6% del presupuesto de la Región A, de $1,06 billones, y 11,53% del de la Región B, de $1,07 billones. Esto, según el pliego de cargos, “facilitó la participación del oferente UT Centros Poblados”, sin que reuniera los requisitos financieros para cumplir con el contrato.
Sobre Meza, el documento señala que “por su negligencia o poca prudencia, se configuraron, en forma sistemática, una serie de conductas irregulares” que le facilitaron a la UT participar en el proceso, presentar documentos espurios, y recibir la adjudicación del contrato por más de $1 billón que, bajo los términos originalmente estipulados, no se habría ganado.
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