Colprensa
viernes, 16 de junio de 2023
La investigación de la Procuraduría buscará posibles irregularidades en el arrendamiento de inmuebles bajo el manejo de la Unidad
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La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra cuatro exfuncionarios que trabajaron en la Unidad de Víctimas entre 2018 y 2022. Se trata de dos exdirectores de la Unidad, Yolanda Pinto, quien estuvo en el cargo hasta abril de 2019, y Ramón Rodríguez, quien la sucedió hasta agosto del año pasado.
A la investigación también se suman Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño, los cuales se desempeñaron como coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas durante los mismo años.
La investigación se abrió luego de que 17 lotes, entre fincas, oficinas y otros inmuebles, los cuales habían llegado al Fondo de Reparación como parte del proceso de Justicia y Paz, fueron ofrecidos en arriendo con precios muy inferiores al del mercado.
El ente de control investigará si en medio de este proceso se cometieron faltas disciplinarias, por lo que buscará un dictamen técnico-científico.
Según la Procuraduría, el predio ‘La Esperanza’, que queda en El Dorado, Meta, tuvo un canon de arrendamiento de $113.000, pero las estimaciones indicaban que debía ofrecerse en al menos $1,5 millones. También una oficina en El Chicó, en Bogotá, tuvo un valor de casi $560.000 pesos, pero su valor en realidad llegaba a los $8,8 millones.
El ente también está en la búsqueda de copias para investigar una posible pérdida o extravío de documentos que contengan los expedientes de los inmuebles administrados por el Fondo.
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