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Viernes, 27 de julio de 2012

El planeta entero siguió con expectativa el juicio que en Noruega se adelanta en contra de Anders Behring Breivik, ciudadano noruego que en un acto demencial cometió inexplicables hechos de violencia y terrorismo, acabando con la vida de decenas de ciudadanos.

Según nos reportó la prensa, su condena podría estar cerca de los 21 años de cárcel, y sería la más alta que permita la legislación Noruega, anclada aún en el paradigma de la resocialización.

Miremos, que sucedería si este mismo caso ocurriese en nuestra amada Colombia, por el simple hecho de darle juego a la imaginación y de conocer de cerca las miserias de nuestro derecho penal.

De entrada, a este ciudadano, por nuestro horrendo sistema de concurso, le hubiera dado lo mismo asesinar a dos ciudadanos que a quinientos, pues, por expresa disposición de nuestro Código Penal, 'a partir del segundo, todos son gratis'.

En tal sentido, arrancamos de una pena de 60 años como autor del delito de homicidio agravado, en concurso homogéneo sucesivo.

Su abogado seguramente le aconsejará allanarse a los cargos en la primera oportunidad, lo que le representará una primera rebaja del 50% de su condena.

Con esto, ya vamos en 30 años de condena.

Ingresado en prisión, comenzará a descontar por estudio y por trabajo a razón de dos días de estudio o trabajo por uno de condena, lo que nos daría una estancia en prisión de unos veinte años, pues suponemos no trabajará ni estudiará los días festivos, o mientras se encuentra en diligencias, aunque casos se han visto.

De esta condena, purgará la mitad en un centro penitenciario, pues la ley de seguridad ciudadana permite que la mitad se purgue en el domicilio del penado.

En todo caso, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena, será elegible para la libertad condicional.

Sobra si, decir que si manifiesta y acredita sufrir de una enfermedad que sea incompatible con la vida en prisión, no pasará ni cinco minutos en la cárcel, pudiendo cumplir su condena en su domicilio o en un centro hospitalario.

En estos términos, si el hecho hubiera sido en Colombia, esta persona estaría en prisión entre unos ocho y doce años en total.

Naturalmente, las víctimas tendrían que pasar por la desgracia del sistema penal acusatorio, para rogar por un mínimo de justicia entre audiencias, aplazamientos, lecturas de fallos y demás vericuetos que tiene para todos nosotros el sistema penal.

La semana próxima lea la columna sobre un manejo diferente para la contratación estatal en Colombia.

Francisco Bernate

Abogado penalista

fbernate@gmail.com
 

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