La República
jueves, 14 de julio de 2022
Los infractores se pusieron de acuerdo en 15 procesos de selección de varias alcaldías del departamento entre 2013 y 2017
La Superintendencia de Industria y Comercio multó con $101 millones a Richard Alexander Castro Arteaga y Diego Adolfo Robles Bolaños tras encontrar que hubo cartelización en 15 procesos de selección que realizaron varias alcaldías del departamento de Nariño entre 2013 y 2017.
Además, sancionó a Jonathan Iván Ascuntar Portilla y James Andrés Ascuntar Portilla por considerar que facilitaron el acuerdo anticompetitivo. Los procesos que dieron origen a la sanción eran para la construcción de vías, centros educativos y bibliotecas para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento.
La Superindustria demostró que Castro y Robles estructuraron un acuerdo que, de forma continuada, afectó la libre competencia en 15 procesos de selección pública, aparentando ser competidores cuando, en realidad, gestionaban sus participaciones de forma conjunta para aumentar la posibilidad de ser los adjudicatarios con los mayores precios posibles.
Los sancionados, según la entidad, compartían información, se ayudaban en la estructuración de documentos, manifestaban interés de participar presentando ofertas aparentemente competitivas y acordaban quién sería el adjudicatario de cada proceso de selección ofreciendo algunos descuentos.
"Este comportamiento (i) reducía la incertidumbre propia de los escenarios de competencia, al conocer el comportamiento de su competidor; (ii) aumentaba las probabilidades de resultar elegidos dentro del consolidado de oferentes, como de la adjudicación; y, (iii) aumentaba la certidumbre para determinar quién entre ellos presentaba la oferta ―si eran los únicos dentro del proceso―, para asegurar una adjudicación sin competencia y con precios cercanos al presupuesto oficial", dijo la entidad.
Las multas fueron impuestas de la siguiente manera: los agentes infractores, Castro y Robles, recibieron sanciones de $62 millones y $33 millones, respectivamente. Los facilitadores del acuerdo anticompetitivos, en cambio, fueron multados con $3 millones cada uno. Contra la decisión procede recurso de reposición.
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