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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co miércoles, 17 de abril de 2013

Un estudio realizado por el Ministerio de Justicia, sobre la incidencia del delito de lavado de activos, determinó que en este fenómeno se configuran tres fases que penetran las economías de los países bajo la supuesta apariencia de actividades legales.

En este sentido, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio, señaló que la primera fase, denominada de colocación, tienen que ver con la introducción de fondos ilegales en la economía poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otras fuentes tanto nacionales como internacionales.

Una segunda fase, es el ocultamiento, en la que el delincuente trata de crear una secuencia compleja de operaciones financieras, industriales, comerciales y económicas con el fin de dificultar el rastreo de la fuente y la propiedad de los fondos. Muchas veces las operaciones tienen lugar en el extranjero, en países con poco control en el lavado de activos.

La tercera fase, que es la de integración, implica la colocación de los fondos de lavado de regreso en la economía para crear la apariencia de legitimidad. En esta etapa se hace extremadamente difícil distinguir la riqueza legal de la ilegal. El lavador podría optar por invertir los fondos en bienes raíces, activos lujosos o proyectos comerciales.

El Ministerio señala que esta modalidad delictiva es usada para dar apariencia de legalidad a los recursos de origen ilícito. “Los criminales buscan que sus dineros entren al circuito económico y se mezclen con los legales sin ser detectados y sin generar sospechas de su procedencia”, se señala en el informe.

De acuerdo con el estudio, que fue realizado como parte de un programa que ejecuta el Ministerio contra el lavado de activos, el dinero de este delito propicia la corrupción y ha sido usado por las mafias para desestabilizar el régimen institucional. Además, advierte que la inestabilidad generada por el narcotráfico ocasiona una fuga de capitales y debilita la inversión extranjera.

Se estima que el lavado de activos en el país alcanza 3% del PIB, que en cifras de 2011 representa alrededor de $18 billones anuales (exclusivo narcotráfico). Además, su destinación es fundamentalmente por narcotráfico, que es uno de los principales delitos fuente de lavado, a los que se suman el tráfico de armas y de personas.

Las opiniones

Para Francisco Sintura, director del Área de Derecho Penal e investigador de la Universidad del Rosario, la prevención es la clave para evitar el lavado de activos.

En esta medida, Ministerio de Justicia está realizando varias campañas educativas para la prevención de estos delitos mediante la participación ciudadana. Los programas se hacen con el fin de involucrar y articular a todos los sectores de la economía para que ayuden a combatir el fenómeno que es el de mayor penetración en la sociedad colombiana.

Para Juan David Wilches Guzmán, director de Política contra las Drogas de Minjusticia, la estrategia de cultura antilavado parte de una conceptualización rigurosa y académica, con el propósito de que las acciones del Estado y la sociedad logren un mayor impacto en la economía.

Según el informe, la naturaleza del lavado de activos es integrar dinero ilícito a la economía formal, en este proceso participan dos agentes, quien conoce la procedencia ilícita del dinero y quien es engañado con su origen.

No obstante, Sintura aclara que el Gobierno tiene una amplia regulación para el sector financiero, mercado bursátil, casinos y exportaciones. “No pasa lo mismo frente al sector real de la economía y ya es hora de que la Superintendencia de Sociedades exija a las 1.000 empresas más grandes del país tener sistemas obligatorios contra el lavado de activos”, agregó. Al respecto, Javier Alberto Gutierrez, director de análisis estratégico de la Uiaf, informó que la Supersociedades tiene lista una circular para obligar a reporar a más de 5.000 empresas del sector real. “El definitivo está listo solo falta una decisión de la entidad”, agregó.

El informe del Ministerio advirtió sobre la mínima judicialización del lavado de activos en el país, aunque el Estado colombiano calcula que el valor de los activos lavados asciende a $18 billones “no toma las medidas suficientes”.

Según el Consejo Superior de la Judicatura, los condenados por este delito fueron solo 27 en 2012. “Estas cifras son aún más bajas para el enriquecimiento ilícito y el testaferrato”, advirtió el documento.

Entre las consecuencias negativos del lavado de activos, se destacan los efectos económicos que se evidencian en el incremento artificial de los precios.

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