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José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co jueves, 14 de febrero de 2019

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Gobernación del Meta lideraron el ranking que aparece en un informe de la Contraloría.

De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la Nación, entre 2017 y 2018, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Gobernación del Meta fueron las entidades más denunciadas de la ciudadanía por presuntas irregularidades en el uso de los recursos públicos.

Le siguen el Ejército Nacional de Colombia, la Gobernación de Amazonas, la Alcaldía de Armenia, y la Gobernación de Arauca.

Estas demandas fueron ante el sistema de Control Fiscal Participativo (CFP), proyecto de fortalecimiento de la Contraloría General de la República, entidad que dedicó una de sus líneas de trabajo a las acciones institucionales para la garantía del derecho ciudadano a participar en el cuidado de los recursos públicos.

El tema de en qué se gasta el dinero del erario público toma nuevamente relevancia por un viaje a Punta Cana de 79 funcionarios del Hospital de Jamundí que costó $238 millones, pagado presuntamente con recursos del centro de salud y la polémica sobre los gastos del viaje de concejales y el alcalde de Armenia a Turquía.

De acuerdo al informe de la entidad reguladora, durante el cuatrienio 2014-2018, se iniciaron 4.250 procesos de responsabilidad fiscal por un monto de $21,68 billones. Lo que representa cerca de $5,42 billones por año.

Un proceso de responsabilidad fiscal tiene el objetivo de recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público provocado por los servidores del Estado.

En este sentido, durante el mismo periodo de tiempo se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio público por valor de $409.471 millones en desarrollo de 945 actuaciones procesales. “Se formularon autos de imputación de responsabilidad fiscal por $7,68 billones, en 1.671 procesos, incluidas las imputaciones formuladas en los autos de apertura de los procesos de responsabilidad verbal”, indicó la Contraloría.

Además, emitió 758 fallos con responsabilidad fiscal (ejecutoriados) por valor de $629.890 millones. La Contraloría aclaró que los procesos no siempre son por malos manejos, también por desconocimiento o no aplicación de las normas legales.

Para Julio Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas del Icesi, la cifra en procesos de responsabilidad fiscal tiene alcance de dos reformas tributarias y demuestran que efectivamente los dineros públicos no son ejecutados correctamente.

“Que los dineros se desvíen tienen un gran impacto en la economía. El desperdicio de los recursos se ve en el aumento de los impuestos, pues hay que pagar por lo que se hizo y lo que no se hizo, lo que afecta la competitividad”.

Asuntos Legales trató de comunicarse con el Sena y la Gobernación para tener algún comentario, pero al cierra de esta edición no hubo respuesta.

Antecedentes

Desde que Edgardo Maya, el excontralor, dijo que en Colombia la corrupción se come $50 billones al año, esta cifra ha hecho carrera como el referente de lo que se pierde del gasto público. Sin hablar precisamente de esto, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe “Mejor gasto para mejores vidas”, indicó que además la ineficiencia del gasto de Colombia, que según el organismo multilateral se va en filtraciones de las transferencias, malgasto en remuneración a empleados o en compras públicas, llega a 4,8% del PIB.

 

 

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