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Vanessa Pérez Díaz - vperez@larepublica.com.co jueves, 10 de junio de 2021

Hoy se cumplen 10 años de la Ley 1448 de 2011 que tiene por objetivo atender a las personas afectadas por el conflicto armado

Hace 10 años, el 10 de junio de 2011, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 1448 de 2011, mejor conocida como la Ley de Víctimas, cuyo objetivo es reparar a toda persona que haya sufrido un daño, como consecuencia de violaciones de los derechos humanos, ocurridas luego del primero de enero de 1985 en el marco del conflicto armado.

Hoy, una década después, la Contraloría reveló un informe donde puntualiza una serie de irregularidades con el cumplimiento de los beneficios contemplados ne la norma.

Por ejemplo, se encontraron pagos desde 2012 por un valor de $647 millones por concepto de indemnización a 75 personas que están muertas. Esta suma nunca fue reintegrada.

Así mismo, se identificaron 665 giros cobrados por indemnización que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario. Estas transferencias suman $4.208 millones.

En la lista de irregularidades continúan 289 inconsistencias en el número de documento de identificación por un valor de $1.941 millones.

Por último, la Contraloría General de la República encontró 156 registros con el campo: documento vacío por un valor de $801 millones; así como 10.770 registros que cuentan con fecha de giro o reintegro nula por una suma de $56.696 millones.

El informe dedica un capítulo a las ayudas humanitarias, en las que la entidad informó que hubo 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones. Estos giros se concentran principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.

“Unos 56 de estos giros corresponden a víctimas de pueblos afrocolombianos, por $32 millones, y 9 a víctimas de pueblos indígenas por un valor de $6,8 millones”, informó la Contraloría General.

El organismo también reportó 135 giros a 68 familias en las que el nombre reportado no coincide con los de la Registraduría por $78 millones y 266 giros a 250 familias en donde se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registraduría por $234 millones.

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