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Norberto Hernández - n.hernandez29@uniandes.edu.co miércoles, 27 de junio de 2012

No han cesado las fuertes críticas frente a la tradicional e incluso clásica actividad legislativa de nuestros padres de la patria que, el pasado 20 de junio, aprobaron el proyecto de acto legislativo: ‘Por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia’ – más conocida como ‘Reforma a la administración de justicia’- y que en palabras del profesor Mauricio Gómez Aranguren -presidente del Consejo de Estado- parece más un ‘estatuto del Congresista’, calificación a lo cual adherimos.

Como ciudadano y abogado afecto al derecho constitucional, comparto la inconformidad por la eliminación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura para los congresistas, lo que permitirá incluso, que personas que cuentan con antecedentes penales, sean los encargados de legislar – eventualmente a su favor o de sus compañeros, como ocurrió en la peor época del narcotráfico, lo cual resultó determinante para la prohibición de la extradición o como ocurre ahora, cuando en virtud de este acto legislativo se crea un blindaje político y jurídico para nuestros representantes, dentro del modelo de democracia participativa consagrado en la Constitución Política de 1991, sin hacer referencia a la impunidad por las posibles declaratorias de nulidad dentro de los procesos adelantados en contra de altos funcionarios del Estado.

Lo anterior, ligado directamente a la prohibición de anónimos dentro de las denuncias en su contra, crea una muralla infranqueable, que resulta bastante sospechosa y acomodaticia, reconociendo la irresponsabilidad e incluso mala fe que puede ser aprovechada por un individuo en procura de perjudicar a otro, al radicar quejas con emisor desconocido; sin embargo, tal y como ocurre contemporáneamente con la valoración de las declaraciones de desmovilizados y otros miembros de grupos al margen de la ley, debe recurrirse a una evaluación en conjunto de todos los medios probatorios, sin descartar de plano el anónimo como medio para iniciar la investigación, debiendo reconocer la posibilidad de miedo por parte de aquel sujeto que pone en conocimiento de las autoridades determinada actividad, reservándose su identidad como mecanismo de defensa. Insisto, el anónimo no puede ser plena prueba pero si ostenta utilidad como dispositivo que permite activar una investigación.

Ahora bien, siguiendo al ex Ministro Esguerra y en procura de encontrar las 'rosas en medio del potrero' – qué en la actual coyuntura parece más un pantano o ¿por qué no?, uno de nuestros humedales totalmente abandonados y contaminados -, considero que la creación de salas de investigación y juzgamiento al interior de la Corte Suprema de Justicia, con miras a judicializar a los altos funcionarios del Estado y la habilitación a su favor de la posibilidad de impugnación con base en el principio de doble instancia, no es desatinada y se compagina con la garantías que debe ostentar todo ciudadano al enfrentarse con el poder punitivo del Estado dentro de un proceso penal.

Al respecto sea preciso advertir que comparto el fuero otorgado a aquellos bajo el entendido que la tediosa corrupción que flagela a nuestra comunidad, puede resultar más efectiva ante funcionarios de inferior jerarquía, olvidados en el presupuesto con una remuneración acorde a la dignidad y la carga que implica sus funciones, pero, resulta imperante reconocer, dentro de esta misma línea de argumentación, que quien resultaba acusado por la Corte Suprema de Justicia, difícilmente podía augurar un fallo absolutorio, salvo contadas excepciones.

La falta de legitimidad del Congreso de la República no puede obviar la calidad de ciudadanos de sus integrantes y tal como ocurre con la mala fama de quienes optamos por la profesión de abogados, es dable manifestar que la concepción de generalidad no puede dejar de exaltar a quienes cumplen a cabalidad su servicio, inspirados en valores y principios infundidos desde el hogar. Por eso estoy de acuerdo con el fortalecimiento del principio de imparcialidad en el juzgamiento de los congresistas y la posibilidad de recurrir las decisiones que los afectan frente a la eventual falibilidad del funcionario judicial.

Luego de estas consideraciones, me resulta inevitable concluir, plasmando algunas reflexiones – como estudioso del derecho penal-, las cuales son inspiradas en la preocupación de lo que he rotulado 'superpoderes de la Fiscalía' y que me rememoran años atrás, el aprendizaje del sistema mixto con tendencia inquisitiva, gobernado por la ley 600 de 2000, donde la figura del Juez de Control de Garantías Constitucionales era concebida como un absurdo o una figura totalmente abstracta que se desprendía del conocimiento teórico del sistema de enjuiciamiento penal anglosajón, que no tenía ninguna injerencia dentro de la labor de investigación penal local. Con el acto legislativo pluricitado, la Fiscalía puede ordenar capturas, interceptaciones telefónicas y allanamientos sin autorización.

 

 

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