• Colprensa

viernes, 31 de enero de 2014

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que en los próximos días serán llamados a imputación de cargos seis empleados de la compañía carbonera Drummond, entre directivos y funcionarios.

Se trata del superintendente de operaciones, Javier Jácome; el superintendente asistente, Carlos Flórez; el gerente de operaciones, José Luis Velásquez; el supervisor de operaciones, Pablo Cárdenas; y los operadores de grúa, Carlos Urieles y Raúl Olivella.

Según el ente acusador, estas personas habrían incurrido en el delito de daños ambientales al no verificar las máquinas de la compañía y permitir el derrame de carbón ocasionando una alta contaminación que afectó al mar Caribe y los pobladores de esa zona del país.

Drummond es la segunda empresa carbonífera de Colombia por detrás de la minera Cerrejón, y extrae diariamente entre 80.000 y 90.000 toneladas de carbón térmico.

Por su parte, el pasado 15 de enero, la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, anunció que el organismo desarrolla tres investigaciones que suman $183.000 millones por responsabilidad fiscal en dos contratos de la Drummond y deudas en el pago de regalías al Estado.

“Una de las pesquisas (por responsabilidad) se inició el año pasado por la ampliación de la concesión de la línea de playa, y asciende a $113.000 millones”, precisó la funcionaria durante esta semana.

La otra investigación por responsabilidad fiscal contra la carbonera estadounidense surge de haber excedido el límite de calado de sus barcos.

“Se había comprometido a un máximo de 70.000 toneladas, pero la última auditoría nuestra estableció que tiene buques de 160.000 toneladas, lo que produce un daño fiscal por $20.000 millones”, agregó Morelli.

Uno de los objetivos de las indagaciones es determinar la implicación de interventores, supervisores y funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transporte en la ampliación de la concesión para la explotación del carbón en los departamentos del Magdalena y Cesar. El tercer proceso fiscal a Drummond se abrió porque la empresa minera adeuda al país $50.000 millones en regalías. La suma está actualizada a diciembre de 2012. A pesar de que el presidente de Drummond, José Miguel Linares no coincide con las medidas de la Contraloría, la jefe de esa oficina dijo que “es legítimo que él informe de su entendimiento sobre cómo se hace la liquidación, pero sí hay algunas imprecisiones en lo que plantea respecto a temas como los contratos y las condiciones originales. La Contraloría adelantó una verificación directa y se tomó la decisión de avanzar en el proceso porque existen bastantes fundamentos y las otras medidas no han funcionado, aunque estamos revisaremos la cuantificación”.