Lo que propone el proyecto de ley por ocultamiento de identidad en protestas

El uso de capuchas, pasamontañas, máscaras u otros elementos para ocultar deliberadamente la identidad durante una manifestación podría tener consecuencias penales si estos son utilizados para facilitar la comisión de delitos. Esta es la propuesta que un grupo de representantes a la Cámara llevó al Congreso mediante un proyecto de ley que busca crear un nuevo delito relacionado con el ocultamiento de identidad durante protestas y movilizaciones públicas.

La iniciativa fue radicada por los representantes Jaime Arizabaleta, Miguel Ángel Pinto y Daniel Briceño, del Centro Democrático; Julio César Triana, de Cambio Radical, y Guillermo Alvira, del Partido Conservador. El proyecto plantea que quien utilice de manera deliberada prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos similares para impedir o dificultar su identificación y, aprovechando ese anonimato, cometa actos vandálicos durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública, pueda enfrentar entre 54 y 96 meses de prisión, es decir, entre cuatro años y medio y ocho años, además de multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($87,5 millones y $350,1 millones).

Los autores de la propuesta aseguran que la medida no busca penalizar el derecho a la protesta pacífica, sino establecer consecuencias para quienes utilicen el anonimato como mecanismo para cometer delitos. “Cerca de 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar”, afirmó el representante Jaime Arizabaleta.

El proyecto también establece circunstancias agravantes cuando durante la conducta se utilicen artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros medios capaces de causar un daño grave a personas o bienes públicos y privados.

La pena también podría agravarse cuando las acciones recaigan sobre establecimientos educativos, instituciones prestadoras de servicios de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura destinada a servicios públicos esenciales.

También contempla bloqueos de vías

La iniciativa no se limita al ocultamiento de identidad. El articulado propone sancionar a quien, mediante medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione los medios para bloquear u obstaculizar vías o infraestructura de transporte, de manera temporal o permanente, selectiva o general, cuando con ello se afecten bienes como la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.

Para esta conducta también se plantea una pena de 54 a 96 meses de prisión, multas de 50 a 200 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo equivalente al de la pena de prisión.

El representante Julio César Triana sostuvo que la propuesta busca evitar que los daños ocasionados durante las manifestaciones queden sin consecuencias para quienes los ejecutan. Según el congresista, el proyecto pretende que las autoridades cuenten con herramientas para judicializar y sancionar a quienes recurran al anonimato para cometer delitos y afectar bienes públicos o privados.

El proyecto de ley cuenta con respaldo de congresistas de diferentes bancadas y ahora deberá iniciar su trámite legislativo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Al tratarse de una iniciativa en etapa inicial, sus disposiciones todavía deberán ser discutidas y podrían sufrir modificaciones durante el debate en el Congreso.